Editorial
“Articular el crecimiento económico con una masa laboral protegida constituye el único camino viable para construir una estructura productiva moderna, competitiva y preparada para los desafíos del entorno global”.
En este escenario, la estrategia planteada por el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, orientada a priorizar la formalización laboral como eje de la política sectorial, toca el nervio central del desarrollo productivo.
Incorporar a más ciudadanos al circuito formal para garantizar el acceso a la CTS, gratificaciones, salud y pensiones representa una decisión técnica indispensable. No se trata de un simple catálogo de beneficios, sino del mecanismo idóneo para fortalecer el consumo privado, corregir fallas de mercado e incrementar la eficiencia general del país.
Desde la perspectiva macroeconómica, un mercado altamente informal limita de forma severa el potencial de expansión del producto bruto interno. Las unidades económicas que operan al margen de la ley registran bajos niveles de capitalización, acceso restringido al crédito bancario y escasa adopción de innovación tecnológica.
La implementación de un esquema de incentivos que facilite la transición de empresas y trabajadores hacia la economía formal, velando al mismo tiempo por la sostenibilidad financiera de las unidades productivas, permite ensanchar la base tributaria.
Este paso resulta clave para elevar la recaudación sin necesidad de crear nuevos tributos, optimizando la capacidad fiscal dedicada a la infraestructura y los servicios públicos.
La prioridad otorgada al empleo juvenil adquiere un relieve particular en la formación del capital humano. Cuando un joven inicia su vida laboral en la informalidad, experimenta una pérdida sistemática de capacidades y habilidades que reduce sus ingresos futuros.
Facilitar el ingreso formal desde las primeras etapas laborales transforma el bono demográfico en un activo real. A la vez, garantiza la densidad de cotizaciones necesaria para la sostenibilidad de los sistemas de previsión social y reduce contingencias fiscales en el largo plazo.
Por otro lado, la articulación entre la protección social y la gestión de la salud pública cierra un ciclo de eficiencia indispensable. Un sistema de atención médica optimizado, tal como se proyecta con las reformas operativas en EsSalud, preserva la salud del trabajador y disminuye las pérdidas de horas de trabajo por enfermedades no atendidas, lo que impacta de manera positiva en la continuidad del proceso productivo. Asimismo, mantener reglas claras sobre el marco normativo actual brinda la previsibilidad que requiere la inversión privada para proyectar capitales a mediano y largo plazo.
La formalidad debe percibirse no como un costo restrictivo, sino como una inversión rentable en estabilidad, competitividad y acceso a nuevos mercados. En suma, articular el crecimiento económico con una masa laboral protegida constituye el único camino viable para construir una estructura productiva moderna, competitiva y preparada para los desafíos del entorno global.