Opinión
Politóloga, experta en políticas ambientales e hídricas
El agua constituye un factor determinante para el crecimiento económico, la competitividad, la seguridad alimentaria, la transición energética, la resiliencia frente al cambio climático y el bienestar de la población. En este contexto, fortalecer la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no debe verse como una reforma administrativa más, sino como una decisión estratégica de Estado.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la prueba piloto de indicadores de gobernanza del agua y en el informe Gobernanza del agua en Perú, identificó avances en el marco normativo, pero también brechas de gestión, dispersión de competencias y limitaciones de coordinación que dificultan la implementación efectiva de las políticas públicas.
Por su parte, el Banco Mundial, en su informe Perú: acciones estratégicas para la seguridad hídrica, concluye que el país cuenta con un marco legal robusto, aunque limitado por problemas de implementación, insuficiente coordinación intersectorial, bajos niveles de descentralización y capacidades institucionales que requieren fortalecimiento, y sostiene que avanzar hacia una gobernanza más inclusiva y eficaz exige fortalecer el liderazgo de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector.
La trascendencia de esta decisión, que va mucho más allá de la gestión del recurso hídrico, requiere tener especial cuidado, pues más del 70% de las actividades económicas del país dependen directa o indirectamente de su disponibilidad y su calidad, y su gestión también involucra a la seguridad nacional.
Fortalecer a la Autoridad Nacional del Agua significa evaluar su ubicación dentro de la estructura del Estado; significa también, mejorar la planificación por cuencas, impulsar la transformación digital, promover la cooperación internacional, fortalecer la gestión territorial, generar información confiable para la toma de decisiones y consolidar una gestión que permita garantizar seguridad hídrica, impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones y proteger el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En un escenario de crecientes desafíos ambientales y geopolíticos, esta no es solo una reforma institucional; es una decisión estratégica para el futuro del Perú.