¿Cómo se fija una pena? Corte Suprema fortalece criterios para decisiones judiciales uniformes
Víctor Prado Saldarriaga insta a operadores de justicia aplicar castigos conforme a ley y criterios de la suprema
Así lo refirió Prado Saldarriaga en el taller que dirigió de manera virtual, desde el Centro de Comando de Palacio de Justicia, como parte del segundo tramo del Programa de Capacitación del Grupo de Alto Nivel para la Aplicación de la Pena Justa y contra la Cibercriminalidad.
Esta capacitación a jueces y juezas de las cortes sobre determinación de la pena justa tiene como fin fortalecer la calidad de las decisiones judiciales y unificar criterios para la determinación y aplicación de una pena adecuada en los procesos penales.
La iniciativa es desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la República a iniciativa de la presidencia del Poder Judicial, a cargo de la magistrada Janet Tello Gilardi.
CORTES PARTICIPANTES
En esta oportunidad, participaron 23 juezas y jueces penales especializados y superiores de las cortes superiores de justicia de Moquegua, Tacna y Madre de Dios.
“Los operadores de justicia penal deben aplicar castigos penales justos que respondan a las exigencias de la ley, a las prácticas que impone la técnica desarrollada sobre dichas reglas y a los criterios de afinamiento que se han estructurado desde la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema”, afirmó.
Sobre el programa, el magistrado recalcó que este tiene como objetivo brindar información, capacitación y adiestramiento en una de las tareas que identifica el quehacer funcional de los jueces penales, que es la determinación judicial de la pena.
“Alguien señaló con razón que después de Dios, el único que tiene el poder de castigar a sus semejantes es el juez penal; de allí lo trascendente para una sociedad la responsabilidad que asumen los magistrados penales”, señaló.
De ese modo, en la primera parte de su exposición se abordó cuáles son los conceptos, las reglas y los acuerdos plenarios que giran en torno a la determinación judicial de la pena.
El juez penalista refirió que la determinación judicial de la pena es un procedimiento técnico y valorativo que desarrolla el órgano jurisdiccional, y en el ámbito legal de sus competencias también el fiscal o el abogado defensor.
Ello para la concreción cualitativa, cuantitativa y a veces ejecutiva de la sanción penal que corresponde aplicar al autor o partícipe de un hecho punible, resaltó Prado Saldarriaga.
Con respecto a las circunstancias del hecho penal, señaló que son indicadores objetivos o subjetivos que ayudan a medir la gravedad de un delito o la intensidad del reproche que debe recaer en su autor o partícipe (grado de culpabilidad).
MEDIDAS ALTERNATIVAS
La segunda parte de la conferencia trató sobre las medidas alternativas al encarcelamiento, es decir, aquellos procedimientos regulados por la ley y que permiten evitar el cumplimiento efectivo o la imposición de penas privativas de libertad que deben cumplirse en un centro penitenciario.
También, explicó, tienen la función de permitir que personas condenadas que cumplen una pena privativa de libertad efectiva puedan tener una excarcelación anticipada antes del cumplimiento de la pena impuesta.
Igualmente, en ambos momentos, se hizo referencia a los problemas que de manera frecuente se presentan en el ejercicio de la práctica jurisdiccional, o ante los vacíos o defectos que evidencia la legislación nacional de la materia.
Cabe señalar que, en una anterior jornada académica del referido programa, realizada en la ciudad de Arequipa, participaron durante dos días, más de sesenta juezas y jueces penales especializados y superiores de las cortes superiores de Arequipa, Cusco y Puno, respectivamente.
Debe resaltarse que la capacitación en los distritos judiciales, promovido por la Corte Suprema, aborda también los desafíos que plantea la cibercriminalidad organizada, fenómeno delictivo que evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías y del uso de la inteligencia artificial.
En ese contexto, los talleres buscan fortalecer las competencias de los magistrados y promover la formación de jueces especializados capaces de afrontar con solvencia jurídica y técnica las nuevas modalidades delictivas que ahora están potenciadas con la IA.
