Trabajo remoto, plataformas y formalización: las reformas laborales que el Perú aún debe afrontar
Actualización de normas impulsará el empleo formal
Percy Buendia Quijandría
Periodista
pbuendia@editoraperu.com.pe
La necesidad de actualizar el marco normativo laboral para generar predictibilidad, fomentar la inversión y el empleo formal expresó el abogado Fernando Rodríguez García, quien recordó que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, columna vertebral de la regulación del contrato de trabajo en el régimen privado, tiene cerca de tres décadas sin una reforma integral.
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, se refirió a los desafíos que deberán afrontar las autoridades en el nuevo periodo gubernamental para impulsar la creación del empleo, entre los que mencionó también la reducción de la informalidad laboral, revertir la debilidad institucional del sistema de fiscalización laboral y atender la precariedad del empleo juvenil.
Interpretaciones
En este contexto, rememoró que el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral ha sido objeto de interpretaciones jurisprudenciales importantes pero dispersas, y convive con un régimen laboral especial mype cuyo marco normativo se encuentra en transición, además de una ley de relaciones colectivas de trabajo con una antigüedad similar, cuyas reformas se promovieron sin un diálogo social con empleadores y trabajadores.
“La reforma laboral en el Perú lleva postergada por décadas. El proyecto de Ley General del Trabajo, que buscaba consolidar y modernizar la dispersa normativa laboral peruana, no logró aprobarse en múltiples legislaturas, lo cual genera un ecosistema normativo fragmentado y de difícil acceso tanto para empleadores como para trabajadores”, remarcó.
Por tal motivo, el consejero del Área Laboral de Pérez-Llorca, Miranda & Amado consideró que las reformas prioritarias deberían enfocarse en tres ejes. El primero implica la revisión del régimen de contratación temporal, aseveró.
“Las modalidades previstas en nuestra normativa no solo han sido superadas por las interpretaciones jurisprudenciales, sino que no contemplan las nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto, el trabajo en plataformas digitales y la economía gig”, remarcó.
Como segundo eje, el especialista señaló la revisión del régimen de estabilidad laboral y despido. “El sistema actual de protección contra el despido arbitrario, que combina la indemnización tarifada con la reposición derivada de la jurisprudencia constitucional, genera incertidumbre jurídica para las empresas y desincentiva la contratación formal”, anotó.
Para el letrado, “una reforma equilibrada debería establecer reglas claras que protejan contra el despido injustificado sin convertir la relación laboral en un vínculo rígido e inamovible”.
Rodríguez planteó en tercer lugar la revisión de la regulación de la tercerización e intermediación laboral. “Las sucesivas modificaciones y restricciones, sobre todo a la ley de tercerización, han generado un marco normativo confuso. Por ello, se requiere de una regulación clara que permita utilizar de manera legítima y segura las modalidades de subcontratación laboral como estructuras eficientes de organización empresarial, garantizando siempre el respeto de los derechos laborales”, subrayó.
Tema urgente
Sin embargo, Rodríguez consideró que el primer y más urgente desafío, pues condiciona todos los demás temas, es reducir la informalidad laboral. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este problema afecta al 70% de la población económicamente activa ocupada, lo que significa que tres de cada cuatro trabajadores peruanos carecen de contrato formal, beneficios sociales, seguridad y salud en el trabajo, seguro de salud y acceso a pensiones.
Para el letrado, la informalidad laboral en el Perú es un fenómeno asociado a la excesiva rigidez normativa laboral, los altos costos de la contratación formal (el más alto de la región y puede superar el 60%) y la debilidad del Estado para fiscalizar y generar incentivos.
“Estos factores generan una brecha significativa en las micro y pequeñas empresas que concentran la mayor parte de la informalidad laboral. El régimen mype fue diseñado para reducir esa brecha, al establecer beneficios laborales diferenciados; sin embargo, su efectividad ha sido limitada y requiere reforzar su regulación, generar campañas masivas de formalización, establecer incentivos administrativos, laborales, tributarios y para la contratación con el Estado, y financiamiento especial, así como un periodo de transición que permita asumir los costos laborales de manera escalonada”, explicó.
Jóvenes
Rodríguez sostuvo también que el empleo juvenil es probablemente el nudo más crítico del mercado laboral peruano. “Los jóvenes enfrentan una triple barrera: falta de experiencia laboral exigida por los empleadores, desconexión entre la oferta educativa y la demanda del mercado, y condiciones de precariedad en los empleos a los que logran acceder”, revela.
“En 2025, la población de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudia ni trabaja (los llamados ‘ninis’) superó 1.3 millones de personas, cifra que se mantiene prácticamente inalterable desde 2021, lo que representa el 15% de la población juvenil. Pero un dato curioso adicional es que el desempleo es más alto entre personas con educación universitaria (7.6%) que entre quienes solo tienen educación primaria (1.7%), lo que evidencia un problema no solo de cantidad, sino de desajuste entre formación y demanda del mercado (fenómeno de ‘descalce’ de competencias)”, alerta.
Por ello, dijo, las políticas públicas deben enfocarse en una articulación efectiva entre los ministerios de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo para actualizar currículos técnicos y universitarios en función de la demanda laboral regional, corrigiendo el desajuste que hoy empuja a profesionales calificados a empleos informales o fuera de su especialidad. “Esto exige políticas de acompañamiento en la transición educación-empleo, y no solo generación de vacantes”, puntualizó.
Función institucional
Fernando Rodríguez resalta la importancia de contrarrestar la debilidad institucional del sistema de fiscalización laboral. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) fue concebida con capacidad sancionadora y presencia nacional, pero opera con un número insuficiente de inspectores que concentra sus esfuerzos en las empresas formales.
Además, debe cumplir un rol de fiscalización inteligente que no se limite a sancionar, sino que combine la inspección con la orientación y el acompañamiento a las empresas en formalización.
El experto precisó que la estrategia nacional contra la informalidad requiere una labor institucional coordinada en la que cada entidad cumpla un rol definido y complementario. El rol principal del Ministerio de Trabajo debería ser el diseño de políticas, la generación de información estadística laboral confiable, la articulación intersectorial y la conducción del diálogo social tripartito, aseveró.
Factores
Las mype constituyen más del 95% de las unidades empresariales en el Perú y concentran la mayor parte del empleo informal, manifestó Fernando Rodríguez.
El experto afirmó que la formalización de las micro y pequeñas empresas no se puede basar exclusivamente en reducir costos laborales, sino que debe abordar también los factores que hacen que la formalidad sea poco atractiva.
Entre estos aspectos figuran la complejidad burocrática, la carga tributaria percibida como excesiva, la falta de acceso a financiamiento, y la ausencia de incentivos tangibles, detalló el especialista.
