Editorial
“Preparar al país para enfrentar una posible emergencia no constituye una señal de pesimismo, sino una expresión de responsabilidad”.
En ese contexto, resulta significativo que la presidenta Keiko Fujimori haya planteado una estrategia que combine ambas dimensiones. La prevención continuará siendo el primer objetivo mediante la descolmatación de ríos, la intervención en puntos críticos y otras acciones destinadas a disminuir el riesgo de inundaciones. Sin embargo, el anuncio de habilitar refugios temporales, fortalecer hospitales y centros educativos, abastecer almacenes estratégicos e impulsar campañas de vacunación revela una visión que reconoce una realidad ineludible: aun con las mejores obras de mitigación, ningún país puede eliminar completamente los efectos de un fenómeno climático extraordinario.
La prevención constituye la primera línea de defensa, pero debe complementarse con una adecuada capacidad de preparación y respuesta. Disponer de infraestructura segura, contar con planes de evacuación, asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicamentos, así como proteger la continuidad de los servicios esenciales, puede marcar una diferencia decisiva cuando una emergencia pone en riesgo la vida y el bienestar de la población.
El desafío es particularmente relevante para el Perú por su geografía y por la creciente intensidad que muestran diversos fenómenos asociados al cambio climático. Las lluvias extraordinarias no solo generan inundaciones y desbordes, sino también afectan carreteras, sistemas de agua potable, establecimientos de salud, instituciones educativas y actividades económicas fundamentales para miles de familias. Anticipar esos escenarios permite reducir pérdidas humanas, proteger infraestructura estratégica y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.
Al mismo tiempo, ninguna estrategia será suficiente si no existe una coordinación efectiva entre las distintas instituciones del Estado. La preparación frente a un eventual Niño extraordinario demanda la participación articulada del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
La convocatoria formulada al sector privado para colaborar con maquinaria y recursos refleja, precisamente, que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida. La magnitud de los desafíos que plantea un fenómeno de estas características supera la capacidad de una sola institución y exige sumar esfuerzos.
Gobernar también significa anticiparse. Preparar al país para enfrentar una posible emergencia no constituye una señal de pesimismo, sino una expresión de responsabilidad. Fortalecer la prevención, planificar la atención de las emergencias y promover la cooperación entre todos los actores permitirá que el Perú afronte con mayor capacidad de respuesta uno de los retos más importantes de los próximos meses.