Presidenta del Poder Judicial llama a respetar la autonomía judicial y el equilibrio democrático
Janet Tello Gilardi en mensaje por Día del Juez y la Jueza
La magistrada señaló que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino, una garantía para la sociedad, porque sin ella se elimina la posibilidad de los ciudadanos de recurrir a un juez imparcial para proteger sus derechos.
No obstante, expresó que la firme defensa de la independencia judicial no es incompatible con mantener una relación de colaboración permanente con los otros poderes del Estado y las demás instituciones del país.
“Esa colaboración es posible, necesaria y así ha sido desde el inicio de mi gestión, por ejemplo, con el Congreso de la República, lo que permitió la aprobación de iniciativas como el Sistema Nacional de Flagrancia y el marco jurídico para implementar la Justicia Itinerante, y otras”, indicó.
Destacó que el Parlamento, como acto de justicia en favor de los trabajadores judiciales ha aprobado leyes que les reconocen derechos por largo tiempo reclamados cuya implementación aún está en marcha.
“Espero que las autoridades competentes, como la presidenta de la República, puedan intervenir dentro de sus competencias para hacer realidad los derechos de los trabajadores”, expresó.
Además, sostuvo que con el Poder Ejecutivo se ha establecido espacios de trabajo conjunto para impulsar decididamente políticas de Estado y trabajar de manera prioritaria en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la corrupción.
CONTRAPESO DEMOCRÁTICO
Tello Gilardi señaló que la judicatura es un contrapeso indispensable dentro del Estado, pero no para enfrentar a nadie, sino para asegurar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.
“Ese contrapeso democrático no compite con los demás poderes: los complementa, ninguna institución por sí sola puede cerrar las brechas sociales que aún existen, nuestra fortaleza proviene del equilibrio y del trabajo articulado entre el Ejecutivo, el Legislativo, los organismos autónomos, y los gobiernos regionales y locales”, remarcó.
En tal sentido, expresó que la judicatura peruana está dispuesta hoy a continuar y fortalecer el trabajo conjunto, siempre desde el respeto mutuo a las competencias que la Constitución ha confiado a cada institución.
Por ello, destacó el compromiso de la presidenta Fujimori Higuchi durante su juramentación al cargo cuando afirmó que respetará la independencia y la separación de los poderes del Estado, y la democracia.
“Nos preocupa, sin embargo, que su juramento solemne, es decir, su palabra, contrasta frontalmente con voces recientes que desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura han alentado peligrosas formas de intervención al Poder Judicial, las cuales, son inadmisibles en un estado democrático”, enfatizó.
Añadió que un juez y una jueza son independientes cuando pueden resolver los procesos libres de presiones políticas o de cualquier otra índole, porque una vez que se pierde esa independencia, la judicatura queda subordinada al poder político.
PREOCUPACIÓN POR INVESTIGACIONES
En esa línea, dijo que una parte fundamental de esa independencia del juez es su derecho a la permanencia en el cargo, salvo que un debido proceso demuestre la comisión de faltas previamente tipificadas en la ley.
Sin embargo, sostuvo que en los últimos meses ha visto con preocupación cómo se han presentado investigaciones contra jueces y juezas que ejercieron el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad.
Recordó que el control difuso no es una invención de los jueces, sino que está reconocido expresamente en el artículo 138 de la Constitución, y que el control de convencionalidad es una obligación que el Perú asumió al formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Reiteró que cualquier persona o institución tiene derecho a criticar e impugnar una resolución judicial, pero discrepar con una sentencia no puede ser justificación para despojar del cargo a quien la emitió, pues es un derecho fundamental del juez y de la jueza ser independiente y no ser destituido por su criterio jurisdiccional.
Señaló que las decisiones de los jueces siempre soportarán objeciones, porque en una democracia, el desacuerdo con una sentencia es parte del camino institucional, pero la dificultad aparece cuando la disconformidad de quienes perdieron un proceso se transforma en campañas de desprestigio.
“Estos ataques revisten mayor gravedad cuando provienen no del ciudadano particular, sino, de actores políticos disconformes con determinadas decisiones judiciales, más aún cuando son sujetos con interés en el resultado de algún proceso”, agregó.
Sostuvo que estas arremetidas constituyen formas de actuación no democráticas, de irrespeto a la judicatura y de menoscabo a la autoridad de los jueces.
NO HAY PERSECUCIÓN
En otro momento, la magistrada señaló que un ataque inaceptable proferido al Poder Judicial es que la judicatura persigue políticamente a las fuerzas armadas y policiales.
“Nada más falso, valoramos la inconmensurable tarea del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional a la construcción de la peruanidad y de la paz en nuestro país, cómo no sentir orgullo por Grau, Bolognesi, Cáceres, Quiñones, Mariana Santos y Alipio Ponce”, levantó su voz.
Sin embargo, sostuvo que cuando en casos específicos suceden situaciones contrarias al Derecho que denigran el uniforme de nuestros héroes, la justicia no puede dejar de actuar, y esto no es persecución política, sino buscar la verdad.
La magistrada también se refirió al rol de las mujeres como expresión del camino que ellas han venido recorriendo con esfuerzo, responsabilidad y convicción en todos los espacios de la vida pública.
CONTRA ESTEREOTIPOS DE GENERO
Señaló que como mujer y presidenta del Poder Judicial tiene la responsabilidad de asumir el compromiso con las generaciones futuras, con las niñas y jóvenes que deben saber que ningún espacio les está prohibido, porque sí se pueden vencer los estereotipos y prejuicios de género.
“Sí, de género, que no es ninguna ideología, sino una categoría de análisis de las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, temida por unos y satanizada por otros”, enfatizó.
Señaló que este concepto permite identificar las asimetrías de poder en las relaciones sociales que impiden tener sociedades igualitarias; ahí radica la responsabilidad histórica, la mía y la suya, señora presidenta”, remarcó.
