• MARTES 1
  • de setiembre de 2026

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Prisión preventiva: investigada por extorsión habría recibido depósitos de choferes bajo amenaza de muerte

Fiscalía de VMT logra prisión preventiva de 9 meses para presunta extorsionadora de choferes de transporte público

De acuerdo con la investigación fiscal, la imputada integraría la presunta banda criminal denominada “Piratas de Villa María del Triunfo”, la cual se dedicaría a extorsionar a choferes de transporte público mediante el cobro de cupos.

Según los actos de investigación, el 26 de junio de 2026 los presuntos integrantes de la organización criminal incorporaron, sin su consentimiento, a los agraviados a un grupo de WhatsApp administrado desde un número telefónico extranjero. A través de esta plataforma les enviaron mensajes extorsivos en los que exigían la realización de nuevos pagos a una cuenta bancaria, bajo amenaza de atentar contra la vida de los conductores de una empresa de transporte público si incumplían con las exigencias.

Las diligencias permitieron identificar que la titular de la cuenta bancaria donde se habrían realizado los depósitos era la investigada. En virtud de ello, personal de la Policía Nacional, intervino a Brithaly Lozano en su vivienda, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo.

Durante el registro domiciliario, los agentes hallaron un sobre que contenía S/ 4300 en efectivo, además de cuadernos con anotaciones relacionadas con ingresos de dinero, elementos que fueron incorporados a la investigación. Posteriormente, la imputada fue trasladada a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Asimismo, las investigaciones revelan que la presunta organización criminal exigía a los agraviados el pago semanal de S/ 750 a cambio de permitirles continuar prestando el servicio de transporte, bajo amenazas de represalias contra su integridad y su vida.

El requerimiento de prisión preventiva fue sustentado por el fiscal adjunto provincial Benito Jesús Padilla Arpita, quien expuso ante la autoridad judicial los graves y fundados elementos de convicción, así como la concurrencia de los presupuestos procesales previstos por la ley para la imposición de esta medida coercitiva.