Opinión
Periodista y sociólogo
El Gobierno deberá impulsar una política hídrica y ambiental firme, que reconozca al agua como eje del desarrollo sostenible. Para ello, las más de 50 entidades vinculadas al sector deberán fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, clave para reducir la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria, proteger la salud, impulsar la transición energética y preservar la estabilidad social.
El diagnóstico para el Perú es retador y contradictorio. El país es uno de los veinte más ricos del mundo en agua, pero padece una distribución asimétrica fulminante: la vertiente del Pacífico, donde se concentra cerca del 70% de la población y se genera la mayor parte del PBI formal, apenas recibe el 1.8% del agua renovable del país. Ciudades como Lima, Trujillo, Ica, Arequipa, Piura, Lambayeque y Tacna sufren estrés hídrico por la alta demanda y baja disponibilidad de agua dulce.
Esta crisis hídrica se traduce en una preocupante pérdida de ingresos y productividad. Los déficits de agua no solo golpean al empleo agrícola y la industria, sino que actúan como un catalizador de la conflictividad social entre comunidades, empresas mineras y proyectos agrícolas.
Para revertir este escenario, es indispensable un cambio profundo en la gobernanza hídrica y los paradigmas, donde el sector debe ser reestructurado, considerándolo en la agenda política, gestionándolo como un activo estratégico de seguridad nacional, cerrando brechas sociales por agua y saneamiento y fomentando la economía circular que recupere biogás, genere energía y dote de agua tratada a la agricultura periurbana o a la industria.
Hay que fomentar además una cultura ecológica que valore el agua. No significa mercantilizarla ni vulnerar el derecho humano de acceso al saneamiento. Al contrario, implica transparentar sus costos ambientales y sociales, diseñar estructuras tarifarias progresivas que protejan a los más vulnerables y penalizar el derroche y la contaminación de las cuencas.
El futuro del Perú está en una gobernanza inteligente, con tecnología de punta, recurso humano innovador, inversión público-privada, cooperación internacional, obras de infraestructura con empleo verde y, sobre todo, respetando el ecosistema ambiental y social para un país resiliente, democrático y sostenible.