Editorial
“La clave del éxito residirá en la velocidad y eficacia con que el aparato estatal traduzca estas propuestas en normas concretas que impacten de modo positivo en la cotidianidad de los ciudadanos”.
Lograr un desarrollo sostenible requiere conciliar la estabilidad macroeconómica con transformaciones concretas que dinamicen el mercado interno, acerquen el crédito a los emprendedores, destraben obras públicas de impacto social y consoliden una auténtica equidad tributaria.
Ante este escenario, la ruta de reformas técnicas articulada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, abre una oportunidad decisiva para revitalizar la economía peruana y construir un horizonte de desarrollo inclusivo para toda la población.
El abordaje frente a la informalidad laboral, por ejemplo, apunta a remover de manera gradual las barreras normativas y operativas que dificultan el tránsito de los trabajadores hacia el sector formal.
Al simplificar el acceso a esquemas de contratación adecuados, se sienta una base sólida para que más familias aseguren empleos productivos con plena cobertura de protección social y mejores ingresos.
Esta visión se entrelaza de forma natural con el impulso a los mercados financieros, donde la ampliación del crédito y la dinamización de los capitales permitirán inyectar liquidez directa a los hogares y a las micro y pequeñas empresas (mypes), lo que fortalecerá la capacidad de inversión de los pequeños negocios y elevará su competitividad dentro del entorno nacional.
De manera simultánea, la urgencia de reestructurar el sistema de inversión pública busca superar el problema de las obras paralizadas y optimizar la asignación del gasto estatal.
El propósito es acelerar la ejecución para asegurar que cada sol del presupuesto fiscal se traduzca oportunamente en carreteras fluidas, centros de salud equipados, escuelas modernas e infraestructura de seguridad al servicio directo del ciudadano.
En el frente fiscal, la estrategia orientada a reducir la evasión en el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta se enfoca en hacer cumplir la legislación vigente mediante una fiscalización más eficiente, lo que amplía la base tributaria y protege las cuentas públicas sin necesidad de elevar la carga impositiva sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones.
Este entramado de reformas se complementa con decisiones dirigidas a cuidar la economía familiar y la operatividad de los microempresarios. Destacan entre ellas el incremento gradual de la remuneración mínima vital en dos tramos para evitar presiones en los costos empresariales, la reactivación de mecanismos de estabilización para amortiguar los precios de los combustibles y el reordenamiento del calendario de feriados para dinamizar el turismo nacional.
La clave del éxito residirá en la velocidad y eficacia con que el aparato estatal traduzca estas propuestas en normas concretas que impacten de modo positivo en la cotidianidad de los ciudadanos.