Opinión
Decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Científica del Sur
Entre la multiplicidad temática abordada, son pocos los horizontes de discusión que conectan directamente con las demandas de la ciudadanía y la solución de sus problemas concretos. Aunque exista buena voluntad y algunos de estos documentos planteen respuestas necesarias, una gran masa de esta producción carece de vínculo con la vida cotidiana, a pesar de los millones de soles que se le destinan.
Asimismo, la preocupación central parece haberse desplazado hacia la búsqueda de citaciones y dinámicas de autorreferencialidad antes que al impacto eficiente y comprometido de estos resultados en las políticas públicas. Son escasos los esfuerzos de divulgación y las mesas de trabajo compartido en las que, con rigor y sistematicidad, se transfieran los hallazgos para comunicarlos con efectividad a los tomadores de decisiones. Predomina una autocomplacencia formal que halla en las cifras de los rankings una panacea, aunque esta no se traduzca en una transformación medible de las instituciones o del país que financia la investigación. Por ello, resulta indispensable reinstalar criterios éticos frente a tendencias guiadas por intereses meramente personales o por concesiones a prioridades ajenas a los requerimientos de la nación.
Es decir, si los fondos proceden de las arcas públicas, las investigaciones deben orientarse a encontrar soluciones para las necesidades prioritarias del país; dejando, claro está, un margen consistente para la investigación básica, cuyo valor e importancia son de largo plazo. El conocimiento moderno tiene entre sus fines esenciales el bien común, y, por lo tanto, debe alinearse con él. En esa línea, las universidades tienen el deber institucional de constituirse en espacios permanentes de pedagogía democrática y traducir las demandas de la población en agendas de investigación.
Esto no exime la existencia de líneas personales o grupales financiadas por el sector privado; sin embargo, aquellas investigaciones que se sostengan con el bolsillo de los peruanos deben estar orientadas, monitoreadas y valoradas en función de su contribución real a la mejora del Perú. De lo contrario, la brecha seguirá profundizándose. Y eso es algo que resulta, a todas luces, inadmisible.