Joanna Fischer Battistini asume el OEFA con el reto de fortalecer la fiscalización ambiental
Nueva titular del organismo cuenta con amplia experiencia en gestión pública, conducción de entidades y gestión ambiental
Abogada por la Universidad de Lima, Fischer Battistini cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y una trayectoria vinculada a la conducción institucional, la gestión ambiental y la articulación entre entidades del Estado. Cuenta, además, con estudios de Maestría en Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres y la Escuela de Negocios EUCIM de España.
Su experiencia en el sector ambiental incluye la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), desde donde tuvo a su cargo responsabilidades de alta dirección y participó en procesos de coordinación interinstitucional vinculados a la evaluación ambiental y al funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Asimismo, se desempeñó como secretaria general de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y ocupó cargos de responsabilidad en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), así como en los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas, Justicia, Cultura y Ambiente, entre otras entidades públicas.
Antes de asumir la presidencia del OEFA, Fischer Battistini ejerció desde marzo de 2026 como jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente, posición desde la cual participó directamente en la definición y articulación de prioridades de gestión del sector ambiental.
La designación busca fortalecer la conducción del OEFA y consolidar una fiscalización ambiental técnica, oportuna y efectiva, que contribuya al cumplimiento de las obligaciones ambientales, brinde predictibilidad a los administrados y garantice una adecuada protección del ambiente y de los derechos de la ciudadanía.
Desde la Presidencia del OEFA, Fischer Battistini tendrá el reto de continuar fortaleciendo la capacidad fiscalizadora del Estado, con una gestión orientada a resultados, presencia efectiva en el territorio y una actuación institucional sólida frente a los principales desafíos ambientales y de desarrollo sostenible del país.
