Editorial
Una gran ventaja de la inversión minera es su carácter descentralizado, que permite crear polos de desarrollo y dinamizar la economía local
El Perú se encuentra en una posición expectante ante estas tendencias, tal como revelan las últimas cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). En el primer semestre del año, las inversiones mineras alcanzaron los 3,304.5 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 42.7% con respecto al año pasado.
El cobre es denominado el metal del futuro porque los vehículos eléctricos requieren hasta cuatro veces más de este producto que los autos de combustión tradicional. Hoy, la urgencia climática presiona a los países desarrollados a masificar la electricidad como fuente de energía limpia.
La escalada de los precios del oro y del cobre ha sido constante. Si en 2020 el oro se cotizaba en 1,898.6 dólares la onza troy, hoy llega a los 5,414 dólares. Asimismo, antes de la pandemia el cobre valía 6,174 dólares la tonelada, y hoy promedia los 13,543 dólares. Estos dos minerales han más que duplicado su valor en seis años, según la Bolsa de Metales de Londres.
Como bien plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos cuantiosos ingresos representan una oportunidad histórica para dejar de depender de los ciclos externos y crear una economía más inclusiva y diversificada. Nuestro principal problema sigue siendo la pobreza, que afecta a más del 25% de la población, agravada por un mercado donde el 70% de la fuerza laboral es informal; es decir, ciudadanos sin derechos ni seguridad social.
Una gran ventaja de la inversión minera es su carácter descentralizado, el cual permite crear polos de desarrollo y dinamizar la economía local. Según el informe del Minem, las regiones de Arequipa, Ica, Moquegua y Áncash concentraron el 50.4% de las inversiones totales en el país.
La minería genera, además, un poderoso efecto multiplicador. Alrededor de los centros operativos se crean miles de empleos indirectos en sectores como transporte, alimentación, hospedaje y tecnología para atender a los trabajadores de los distintos proyectos mineros.
Sin embargo, el Estado enfrenta serios desafíos. El principal es mejorar la gestión del gasto público proveniente del canon, regalías y derechos de vigencia. Muchas autoridades regionales carecen de la capacidad técnica para orientar estos fondos hacia sectores productivos que beneficien a sus comunidades.
Otro reto impostergable es el combate frontal contra la minería ilegal, una mafia que depreda bosques y contamina ríos. Finalmente, urge desbloquear la cartera de proyectos mineros, que suma 63,000 millones de dólares en importantes inversiones hoy paralizadas.
La administración de la presidenta Keiko Fujimori ha comenzado a articular esfuerzos para asegurar el crecimiento minero. Solo así el Estado recaudará los recursos indispensables para llevar verdadero desarrollo y bienestar a los sectores más vulnerables del país.