Suplemento Jurídica: ¿qué leyes necesita el Perú para impulsar la transformación digital y atraer inversión?
La agenda legal del Estado digital.
Alejandro Rafael Morales Cáceres
Socio del Área de Derecho y Tecnología del Estudio Torres y Torres Lara Abogados
En su mensaje a la nación del 28 de julio de 2026, la presidenta Keiko Fujimori colocó la transformación digital entre las prioridades de la nueva administración. Anunció la creación de una Autoridad Nacional Digital, el otorgamiento de una identidad digital para cada ciudadano y el uso de tecnología e inteligencia artificial para simplificar trámites, fortalecer los servicios públicos y modernizar la gestión del Estado. También planteó el uso de herramientas digitales para mejorar la seguridad ciudadana. Estos anuncios reflejan una decisión política importante: convertir a la tecnología en un eje transversal del desarrollo nacional.
El Perú en lo que respecta regulación tecnológica no parte de cero. En los últimos años se ha consolidado un marco normativo integrado por la Ley de Gobierno Digital, la Ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial y su Reglamento, la Ley de Firmas y Certificados Digitales, el Marco de Confianza Digital, el decreto que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y diversas normas sobre simplificación administrativa, interoperabilidad, investigación, desarrollo e innovación. Este conjunto de disposiciones ha permitido avanzar en la digitalización del Estado y en la protección de derechos fundamentales, sentando una base importante para el desarrollo tecnológico del país.
Sin embargo, la siguiente etapa exige una visión regulatoria más ambiciosa. La tecnología no solo debe servir para modernizar la Administración Pública, sino también para atraer inversión, impulsar la innovación, desarrollar nuevas industrias y aumentar la competitividad del Perú. En otras palabras, el desafío ya no consiste únicamente en regular la tecnología, sino en utilizar la regulación como una herramienta de desarrollo económico. Bajo esa premisa, existen diversos pendientes regulatorios que deberían incorporarse a la agenda pública en los próximos años. Entre ellos, considero prioritarios los siguientes:
- Aprobar una Ley de Integración del Estado Digital: La reciente aprobación de los lineamientos para la emisión y uso del Documento Nacional de Identidad Digital (DNId) constituye un avance importante hacia la consolidación de un Estado digital. El siguiente paso debe ser la aprobación de una Ley de Integración del Estado Digital que unifique, fortalezca y convierta en obligaciones exigibles los principales instrumentos de gobierno digital, eliminando la actual dispersión normativa y garantizando que todas las entidades públicas interoperen bajo estándares comunes, permitiendo que ciudadanos y empresas puedan realizar íntegramente por medios digitales cualquier trámite ante la Administración Pública.
Esta norma debería consolidar el principio “Una sola vez” (Once Only Principle), siguiendo el modelo de Estonia, de modo que ninguna entidad pueda solicitar información que ya obre en poder del Estado y que el intercambio de datos mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y APIs seguras deje de ser una facultad para convertirse en una obligación. Asimismo, el DNId debería establecerse como el mecanismo obligatorio de autenticación para todos los servicios públicos digitales, eliminando la actual proliferación de usuarios y contraseñas creados por cada entidad.
Finalmente, la ley debería evolucionar los instrumentos ya existentes, como la Carpeta Ciudadana, el Expediente Electrónico y la Plataforma Digital Única Gob.Pe, hacia un verdadero Expediente Digital Único y una Ventanilla Única Digital del Estado, que permitan reutilizar automáticamente la información presentada por el ciudadano, gestionar trámites, pagos, notificaciones y consultas desde una sola plataforma y bajo una única autenticación. Todo ello debería sustentarse en el principio de “Digital por Defecto” (Digital by Default), de manera que la tramitación electrónica deje de ser una alternativa y se convierta en la forma ordinaria de relacionarse con la Administración Pública.
- Aprobar una Ley de Habilitación Tecnológica: Otro pendiente regulatorio consiste en aprobar una Ley de Habilitación Tecnológica, cuyo objetivo sea convertir al Perú en una jurisdicción competitiva para desarrollar, probar, financiar y escalar tecnologías emergentes. Tradicionalmente, la regulación ha sido concebida como un mecanismo para controlar riesgos; sin embargo, los países que hoy lideran la innovación han entendido que también puede utilizarse para atraer inversión, generar empleo altamente calificado y desarrollar industrias intensivas en conocimiento. El Perú necesita una norma que elimine barreras regulatorias y facilite el desarrollo de sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la computación en la nube, la ciberseguridad, los semiconductores y otras tecnologías emergentes.
Uno de los principales ejes de esta ley debería ser la consolidación de un Régimen Nacional de Sandboxes Regulatorios, liderado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, que coordine y articule los espacios de experimentación existentes y promueva la creación de nuevos sandboxes. En lugar de desarrollar iniciativas aisladas por cada entidad, el país debería contar con un marco común que permita a empresas, universidades y centros de investigación probar tecnologías innovadoras en un entorno controlado y bajo la supervisión de las autoridades competentes, flexibilizando temporalmente determinadas exigencias regulatorias sin comprometer la seguridad ni los derechos de las personas. Este esquema facilitaría el aprendizaje conjunto entre reguladores, reduciría la fragmentación institucional y aceleraría el desarrollo de tecnologías emergentes tales como la inteligencia artificial, blockchain, criptoactivos, biotecnología, telesalud, computación en la nube, ciberseguridad, robótica, drones, ciudades inteligentes, así como soluciones aplicadas a sectores estratégicos como energía, minería, agricultura, logística y telecomunicaciones.
Asimismo, la ley debería crear un Fast Track Empresarial Digital que permita constituir una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) íntegramente por medios electrónicos, replicando las facilidades actualmente previstas para la SACS, donde el trámite es 100% digital. El objetivo debe ser que cualquier emprendedor pueda constituir su sociedad, obtener su RUC, habilitar su clave SOL, abrir libros societarios y contables electrónicos, así como gestionar las principales autorizaciones para iniciar operaciones en un plazo máximo de 48 horas, desde una única plataforma digital. El procedimiento debería incorporar herramientas de inteligencia artificial para asistir en la elaboración del estatuto social, así como reconocer la firma digital como mecanismo estándar para todas las actuaciones societarias.
Además, la norma debería crear un régimen especial para atraer talento tecnológico internacional, mediante visas tecnológicas de tramitación preferente para investigadores, científicos, emprendedores y especialistas en tecnologías emergentes, así como mecanismos ágiles para el reconocimiento de títulos profesionales y la contratación de talento altamente calificado.
Finalmente, la ley debería fortalecer los incentivos tributarios para la innovación y la inversión tecnológica. Si bien el Perú cuenta con beneficios para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), este régimen resulta insuficiente para atraer inversiones tecnológicas de gran escala. Por ello, debería crearse un Régimen Especial de Incentivos para Empresas Tecnológicas Estratégicas, que otorgue beneficios tributarios temporales –como una exoneración parcial o total del Impuesto a la Renta por hasta diez años– a empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías emergentes.
Estos beneficios no deberían otorgarse automáticamente, sino condicionarse al cumplimiento de resultados verificables, como la creación de empleo altamente calificado, la instalación de centros de I+D, el registro de propiedad intelectual en el país, el incremento de exportaciones tecnológicas y la transferencia efectiva de conocimiento. Asimismo, el régimen debería diseñarse para atraer la instalación de oficinas regionales, centros de ingeniería, laboratorios de investigación y data centers de las principales empresas tecnológicas del mundo (Big Tech), consolidando al Perú como un hub regional de innovación, inversión y desarrollo tecnológico.
- Aprobar una Ley de Responsabilidad de Intermediarios Digitales: Uno de los principales vacíos regulatorios de la economía digital peruana es la ausencia de un régimen claro sobre la responsabilidad de los intermediarios digitales. Hoy existe una creciente incertidumbre respecto de la responsabilidad que pueden asumir plataformas p2p, marketplaces, redes sociales, motores de búsqueda frente a las actuaciones de sus usuarios. Esta falta de certeza jurídica incrementa el riesgo regulatorio, desalienta la inversión y genera respuestas judiciales y administrativas inconsistentes.
En ese contexto, el Perú debería aprobar una norma que establezca reglas claras sobre el alcance de sus obligaciones e incorpore un régimen de “safe harbors” o puertos seguros. Bajo este esquema, los intermediarios no serían responsables por los contenidos, productos o servicios generados por terceros cuando acrediten el cumplimiento de estándares de diligencia previamente definidos por la ley. El objetivo no es eximir a los intermediarios de responsabilidad, sino crear incentivos para que adopten estándares adecuados de diligencia y protección de los usuarios. A cambio del cumplimiento de obligaciones previamente definidas por la ley –como contar con mecanismos eficaces de denuncia, actuar frente a contenidos manifiestamente ilícitos, implementar programas de cumplimiento– los intermediarios accederían a un régimen de responsabilidad predecible.
- Aprobar una Ley General de Ciberseguridad: La transformación digital solo será sostenible si se construye sobre una infraestructura digital segura. Aunque el Perú cuenta con normas como el Marco de Confianza Digital, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Delitos Informáticos y diversas regulaciones sectoriales –principalmente en el sector financiero–, aún carece de una Ley General de Ciberseguridad que otorgue sustento jurídico e institucional a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, delimite claramente las competencias de las autoridades involucradas e identifique a los operadores de servicios esenciales y de infraestructuras críticas. Siguiendo referentes regionales como el modelo chileno, el Perú debe consolidar un sistema nacional de ciberseguridad que fortalezca las capacidades del Estado, incremente la resiliencia frente a ciberataques y genere la confianza necesaria para impulsar la inversión, la transformación digital y el desarrollo de la economía digital.
El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica: ser reconocido como la administración que simplificó la relación entre los ciudadanos y el Estado, atrajo inversión tecnológica, impulsó la innovación y sentó las bases de una nueva economía digital. El Perú cuenta con el talento, el mercado y una base normativa importante. Lo que falta es un marco regulatorio que elimine barreras, brinde seguridad jurídica y permita que la tecnología y la iniciativa privada se desarrollen. Las decisiones que se adopten en los próximos años determinarán si el Perú se convierte en un país que desarrolla, exporta y lidera tecnologías, o si continúa limitándose a consumir la innovación producida por otros.
Activos digitales
La tecnología blockchain ha impulsado una nueva generación de activos digitales que permiten representar, transferir y financiar derechos sobre inmuebles, valores, créditos, propiedad intelectual e infraestructura. Según McKinsey, el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar US$ 2 billones hacia 2030, lo que representa una oportunidad que el Perú no debería desaprovechar. Sin embargo, el país aún carece de un marco regulatorio integral que otorgue seguridad jurídica a esta industria y genere confianza para atraer inversión.
En ese contexto, resulta necesario aprobar una Ley Marco de Activos Digitales y Tokenización que diferencie los distintos tipos de activos digitales, regule la emisión, oferta y comercialización de criptoactivos, establezca un régimen claro para los proveedores de servicios sobre activos virtuales –como exchanges, custodios, plataformas de negociación y emisores de stablecoins– y desarrolle un marco jurídico para la tokenización de activos reales, garantizando la protección de los bienes físicos que respaldan los tokens y los derechos de sus titulares.
Asimismo, la norma debería establecer reglas sobre autorización, custodia, transparencia, protección de los usuarios y un tratamiento tributario que otorgue certeza a los inversionistas, posicionando al Perú como un hub regional de innovación financiera.
