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La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, y que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.
Acusación
Como es habitual, la OFAC indicó que EE. UU. también sancionará transacciones con “cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50% o más”. Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.
“La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, explicó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Objetivo
El anuncio está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte.
Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una “amenaza” para la seguridad nacional.
En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE. UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.
Defensa de los DD. HH.
Cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos demandaron al presidente Trump por las sanciones impuestas a miembros de la Corte Penal Internacional.
Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma que creó la CPI y no reconoce la jurisdicción de este tribunal permanente con sede en La Haya.
La administración Trump ha impuesto sanciones –con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país– a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.
La ONU y la Unión Europea ya habían instado a Trump a revertir medidas punitivas contra miembros de la CPI.