Mundo
Periodista
fvallas@editoraperu.com.pe
Un caso emblemático ocurrió en Nicaragua en diciembre de 1972, bajo el mandato de Anastasio Somoza Debayle. La tragedia desnudó la corrupción sistemática del régimen cuando altos mandos y funcionarios cercanos al poder desviaron la ayuda humanitaria internacional para comercializarla en el mercado negro. Este factor abonó el terreno para fortalecer al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), movimiento que, paradójicamente, derivaría décadas más tarde en el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Por otro lado, los desastres imponen giros drásticos en las agendas estatales. En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella tenía como prioridad el lanzar una ofensiva contra los grupos armados ilegales, pero una emergencia humanitaria exige reorientar de inmediato el gasto público y los esfuerzos logísticos hacia la atención de la población afectada.
En este escenario, una crisis de gran escala pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado. Cuando la gestión de la emergencia se ejecuta con transparencia, celeridad y un manejo pulcro de los fondos de reconstrucción, el liderazgo institucional sale fortalecido; de lo contrario, la ineficacia y la opacidad suelen acelerar el desgaste político de cualquier administración..