• JUEVES 20
  • de agosto de 2026

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Unión europea y la ONU respaldan a la corte de la haya

CPI rechaza el ataque de Estados Unidos

Asegura que Tomoko Akane debe seguir actuando sin presión externa.

La corte, con sede en La Haya, procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.

El castigo

Las sanciones fueron anunciadas por Estados Unidos, que estima que la CPI es una institución “politizada”, y afectan también al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la alta corte.

La medida implica que estos jueces no pueden viajar a Estados Unidos ni realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense, que tiene un alcance global.

La corte fustigó las sanciones como un “ataque flagrante” a su independencia. “Medidas de este tipo dirigidas contra jueces, fiscales y personal [...] socavan el Estado de derecho”, añadió la corte.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las sanciones como “inaceptables” y llamó a los Estados a que defiendan las instituciones que crearon para “defender los derechos humanos y el Estado de derecho”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicaron que apoyan “firmemente” a Tomoko Akane, que debe poder “actuar con toda independencia y sin presión exterior”.

El Gobierno japonés, el mayor financiador de la CPI y estrecho aliado de Estados Unidos, condenó también la medida, que calificó de “muy desafortunada”.

En Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos han tomado acciones legales contra las sanciones impuestas.

Condena

Los Países Bajos dijo que “desaprueba” las sanciones, una condena a la que sumaron Alemania y Francia, que afirmó que estas medidas “constituyen un ataque contra la Corte y contra los 125 Estados partes del Estatuto de Roma, y son contrarias al principio de independencia de la justicia”.

España también deploró el anuncio y destacó que la Corte “desempeña una función para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad”.