Editorial
Ejecutivo y Congreso tienen ahora la oportunidad de demostrar que la pluralidad política es compatible con la construcción de acuerdos
Dos asuntos adquieren especial importancia: la inseguridad ciudadana y los posibles efectos del fenómeno El Niño. Ambos demandan respuestas oportunas. El primero afecta diariamente la tranquilidad de miles de familias y exige fortalecer las capacidades del Estado frente a organizaciones criminales cada vez más complejas. El segundo plantea la necesidad de acelerar acciones preventivas y de mitigación y estar preparados para proteger vidas, infraestructura y actividades productivas ante eventuales emergencias.
En ese contexto, la delegación de facultades constituye un mecanismo previsto por el ordenamiento constitucional que permite al Ejecutivo legislar sobre materias específicas y durante un plazo determinado. Su utilización puede facilitar la adopción de medidas que requieren celeridad sin alterar las competencias esenciales de los poderes del Estado ni la posterior responsabilidad de rendir cuentas por las decisiones adoptadas.
Las diferencias políticas y legítimas posiciones existentes en una democracia no deberían impedir la construcción de coincidencias cuando se encuentran en juego objetivos de interés nacional. Seguridad ciudadana y prevención frente a los fenómenos naturales son materias en las que existe un amplio espacio para alcanzar consensos.
La cooperación, sin embargo, no significa renunciar a las responsabilidades que corresponden a cada institución. El Parlamento deberá analizar los alcances, las materias y los plazos de la solicitud, mientras que una eventual delegación deberá estar acompañada posteriormente por el ejercicio de su función de control. Colaboración y fiscalización no son conceptos contrapuestos: constituyen componentes complementarios del equilibrio de poderes propio de una democracia.
La rapidez también debe ir acompañada de eficacia. Las reformas que finalmente se aprueben deberán traducirse en resultados concretos: mayor capacidad para combatir la delincuencia, un sistema penitenciario que contribuya efectivamente a la seguridad y mejores herramientas para anticipar y responder a los efectos de El Niño. La ciudadanía espera que los mecanismos institucionales conduzcan finalmente a soluciones para sus problemas cotidianos.
El país enfrenta desafíos que demandan decisiones y capacidad de ejecución, pero también diálogo y responsabilidad. Ejecutivo y Congreso tienen ahora la oportunidad de demostrar que la pluralidad política es compatible con la construcción de acuerdos. Cuando existen objetivos comunes y se respetan las competencias de cada poder del Estado, la unidad para actuar fortalece la democracia y permite avanzar con mayor eficacia en la atención de las necesidades de los peruanos.