El Peruano te informa: consulta aquí las principales normas legales para hoy, viernes 28 de agosto de 2026
Declaran estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días para enfrentar criminalidad
El Gobierno declaró, por 60 días calendario, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida contempla la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, conforme al artículo 137 de la Constitución. Las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa.
Para ejecutar las acciones se crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada, presidido por el comandante general de la PNP e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, inteligencia, gobiernos locales, Ministerio Público, Poder Judicial y otras entidades. Este comando dirigirá las acciones destinadas a restablecer y mantener el orden interno y reducir los índices de criminalidad.
Asimismo, funcionarán comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. El Comité de Inteligencia empleará información policial, penitenciaria y financiera, además de videovigilancia, drones, sistemas satelitales y herramientas de inteligencia predictiva.
Entre las medidas previstas figuran patrullajes permanentes, controles de identidad, operativos contra armas y explosivos ilegales, recuperación de espacios públicos y fiscalización de mercados vinculados con actividades criminales, como la trata de personas, drogas, armas, chips telefónicos y autopartes ilegales.
La norma también establece acciones para fortalecer la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como medidas de seguridad para fiscales y jueces que intervengan en casos de criminalidad.
Al concluir el estado de emergencia, el comando deberá presentar un informe sobre los resultados obtenidos y formular las recomendaciones correspondientes.
Poder Ejecutivo establece Perú Responde como identidad comunicacional obligatoria
El Poder Ejecutivo estableció la política de comunicación social denominada Perú Responde, de obligatorio cumplimiento para las entidades que lo conforman, mediante la Resolución Ministerial N.° 309-2026-PCM.
La medida dispone el uso de esta identidad comunicacional en las acciones destinadas a informar a la ciudadanía sobre las políticas, servicios, intervenciones y acciones que desarrolla el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los alcances establecidos en el manual aprobado por la misma norma.
La resolución también aprueba el Manual de Marca Perú Responde, que forma parte integrante de la disposición. Este documento establece las características gráficas de la identidad, incluido el logotipo, área de seguridad, usos correctos e incorrectos, familia tipográfica, paleta de colores, reglas de convivencia y aplicaciones en soportes comunicacionales y operativos.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) será la encargada de conducir y supervisar la implementación de Perú Responde. Como autoridad técnico-normativa en materia de comunicación social del Poder Ejecutivo, también podrá dictar las disposiciones complementarias necesarias para su aplicación.
La norma precisa que el uso de esta identidad deberá realizarse conforme al marco jurídico vigente y respetando las disposiciones aplicables a los símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales, así como las relacionadas con el uso de elementos oficiales en documentos y actuaciones de las entidades públicas.
Según la resolución, la adopción de esta identidad responde a la necesidad de optimizar la política de comunicación social del Poder Ejecutivo y fortalecer una comunicación gubernamental orientada a visibilizar la capacidad de respuesta del Estado.
El objeto es transmitir la imagen de un Estado presente, activo, cercano y orientado a atender las necesidades de la ciudadanía, articulando bajo una denominación común las acciones, servicios e intervenciones de las entidades del Poder Ejecutivo. La resolución y su manual deberán publicarse en la sede digital de la PCM el mismo día de su publicación en El Peruano.
Declaran estado de emergencia en 11 distritos de Cajamarca por minería ilegal y violencia
El Gobierno declaró, por 60 días calendario, el Estado de Emergencia en 11 distritos de las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, San Ignacio y Jaén, en el departamento de Cajamarca, debido a la afectación del orden interno generada por el incremento de la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Para ello, se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, conforme al artículo 137 de la Constitución. Las actividades masivas religiosas, culturales y deportivas requerirán permiso de las autoridades competentes.
La norma dispone, además, la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada y de comités de Coordinación Distrital, Inteligencia, Fiscalización y Comunicación Estratégica. Estas instancias deberán articular acciones policiales, militares, fiscales, judiciales y municipales para enfrentar la minería ilegal y la criminalidad.
Entre las medidas previstas figuran el patrullaje permanente, operativos de control de identidad, fiscalización de rutas vinculadas con la minería ilegal, decomiso de armas y explosivos, uso de drones con cámaras térmicas y cruce de información en tiempo real entre el Ministerio de Energía y Minas y la Policía Nacional.
Asimismo, se fortalecerán las acciones de inteligencia para identificar organizaciones criminales, sus estructuras y fuentes de financiamiento. La norma contempla también la coordinación con autoridades de Ecuador para realizar operativos conjuntos frente a la presencia de extranjeros vinculados con actividades de minería ilegal.
Al término del Estado de Emergencia, el Comando deberá presentar, dentro de los cinco días hábiles siguientes, un informe sobre los resultados obtenidos al Ministerio del Interior, documento que será elevado a la Presidencia de la República, al Senado y al Poder Judicial.
Declaran estado de emergencia en siete distritos de Madre de Dios por 60 días
El Gobierno declaró por 60 días calendario el estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, de la provincia de Tambopata, y en Madre de Dios y Huepetuhe, de la provincia de Manu, en el departamento de Madre de Dios, con el objetivo de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. La intervención se definirá sobre la base de información de inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos técnicos.
La medida contempla la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Asimismo, las actividades religiosas, culturales y deportivas, entre otras de carácter masivo y público, requerirán autorización previa de las autoridades competentes.
Para coordinar las acciones se conformará, dentro de las 24 horas de la entrada en vigencia del decreto supremo, un Comando de Coordinación Operativa Unificada y comités de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estas instancias funcionarán de manera permanente y articularán a la Policía, Fuerzas Armadas y serenazgo municipal.
Entre las medidas previstas figuran la identificación de pasos fronterizos no habilitados, el fortalecimiento del control penitenciario y la restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios. También se contempla el decomiso de equipos de comunicación ilícitos y artículos prohibidos.
Las fuerzas integradas realizarán patrullajes a pie y motorizados, control territorial, operativos de control de identidad en inmuebles y vías públicas, así como acciones para ubicar y capturar a personas requisitoriadas. También se ejecutarán operativos para decomisar armas, municiones y explosivos ilegales, recuperar espacios públicos vinculados a actividades criminales y verificar la identidad de extranjeros.
Concluido el estado de emergencia, el Comando deberá presentar, dentro de cinco días hábiles, un informe sobre los resultados obtenidos al Ministerio del Interior. Este será elevado a la Presidencia de la República, el Senado y el Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.
Declaran de necesidad pública inversión extranjera en Zofratacna
Mediante el Decreto Supremo N.° 009-2026-MINCETUR, se declara de necesidad pública, conforme al segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política del Perú, la inversión privada de capital extranjero en el Complejo de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), ubicado dentro de los 50 kilómetros de la frontera.
La medida tiene como finalidad habilitar la participación de personas naturales o jurídicas extranjeras mediante contratos de cesión en uso de inmuebles comprendidos en el complejo, para desarrollar las actividades permitidas y los servicios auxiliares autorizados por la Ley N.° 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, y sus disposiciones reglamentarias.
La declaratoria comprende cinco inmuebles estatales identificados en la Resolución Suprema N.° 104-95-PRES e inscritos en la Zona Registral N.° XIII Sede Tacna de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En conjunto, los predios abarcan 384,6094 hectáreas y corresponden a los lotes 01, 02, 03, 04 y 05.
La norma precisa que la declaratoria de necesidad pública no autoriza la transferencia del derecho de propiedad ni el ejercicio de derechos distintos de los expresamente previstos en el decreto supremo y en la normativa aplicable. Los predios se rigen por la normativa especial de la Zofratacna y, de manera supletoria, por las disposiciones del Sistema Nacional de Bienes Estatales que resulten aplicables. Se excluyen los inmuebles bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Asimismo, se autoriza a la Administración de la Zofratacna a celebrar contratos de cesión en uso, los cuales deberán garantizar que los inmuebles sean destinados exclusivamente a las actividades y servicios autorizados.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estará a cargo de supervisar periódicamente las actividades de los inversionistas extranjeros. Además, el Ministerio de Defensa, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y dentro de sus competencias, coordinará una visita anual al complejo.
