Emergencia en Madre de Dios: estas son las medidas y derechos que podrán ser restringidos
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. La intervención se definirá sobre la base de información de inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos técnicos.
La medida contempla la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Asimismo, las actividades religiosas, culturales y deportivas, entre otras de carácter masivo y público, requerirán autorización previa de las autoridades competentes.
Para coordinar las acciones se conformará, dentro de las 24 horas de la entrada en vigencia del decreto supremo, un Comando de Coordinación Operativa Unificada y comités de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estas instancias funcionarán de manera permanente y articularán a la Policía, Fuerzas Armadas y serenazgo municipal.
Entre las medidas previstas figuran la identificación de pasos fronterizos no habilitados, el fortalecimiento del control penitenciario y la restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios. También se contempla el decomiso de equipos de comunicación ilícitos y artículos prohibidos.
Las fuerzas integradas realizarán patrullajes a pie y motorizados, control territorial, operativos de control de identidad en inmuebles y vías públicas, así como acciones para ubicar y capturar a personas requisitoriadas. También se ejecutarán operativos para decomisar armas, municiones y explosivos ilegales, recuperar espacios públicos vinculados a actividades criminales y verificar la identidad de extranjeros.
Concluido el estado de emergencia, el Comando deberá presentar, dentro de cinco días hábiles, un informe sobre los resultados obtenidos al Ministerio del Interior. Este será elevado a la Presidencia de la República, el Senado y el Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.
