Declaran estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días para reforzar la lucha contra el crimen
El Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM establece esta medida por 60 días y dispone acciones articuladas de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales.
Mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se precisa que durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención en función de información de inteligencia, mapas del delito, estadísticas e indicadores.
La norma establece la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la PNP, que articulará las acciones de las instituciones involucradas y establecerá objetivos y metas para enfrentar la criminalidad en Lima y Callao.
Asimismo, se conformarán comités especializados de coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con participación de diversas entidades del Estado, a fin de fortalecer la respuesta frente al crimen.
En el marco de esta declaratoria, las fuerzas integradas -PNP, Fuerzas Armadas y Serenazgo Municipal- ejecutarán acciones de control territorial, patrullaje permanente y disuasivo, rastrillajes y operativos de control de identidad en las zonas críticas identificadas.
También se intensificarán los operativos contra armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, así como las acciones de fiscalización contra mercados ilegales vinculados a actividades criminales, como drogas, armas, autopartes, tarjetas SIM y equipos celulares de dudosa procedencia.
La estrategia contempla, además, el fortalecimiento de la inteligencia policial, penitenciaria y financiera, mediante la integración de información y el uso de herramientas tecnológicas, como videovigilancia, drones e imágenes satelitales, para mejorar la precisión de las intervenciones.
El Decreto Supremo dispone también medidas para reforzar el control penitenciario y combatir las comunicaciones ilícitas desde los establecimientos penitenciarios, así como acciones para agilizar la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial frente a los casos de criminalidad.
Durante la vigencia del estado de emergencia se intensificará, además, la difusión del sistema de recompensas, con el propósito de promover la colaboración ciudadana para identificar y capturar a requisitoriados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
La medida establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, en los términos previstos por la Constitución Política del Perú.
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