Organizaciones criminales podrían ser declaradas terroristas bajo propuesta del Gobierno al Congreso
También propone libertad vigilada postpenitenciaria para delitos de alta peligrosidad
La iniciativa, presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros ante la Cámara de Diputados, plantea otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar contra la delincuencia, la criminalidad organizada y los mercados ilícitos, mediante medidas dirigidas a reforzar la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos.
Cambios al Código Penal y al proceso penal
El proyecto contempla asimismo modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, incluyendo disposiciones sobre conversión de penas y mecanismos de simplificación procesal para delitos violentos o pluriofensivos.
También se plantea modificar las reglas de competencia territorial y transferencia de competencia para la investigación y juzgamiento de delitos vinculados con la criminalidad organizada y las bandas criminales.
Las facultades comprenderían, además, cambios al Código de Ejecución Penal y al Código Penal Militar Policial, así como a las normas vinculadas con la lucha contra la extorsión y el sicariato en el transporte público y de mercancías.
#ÚLTIMO | La PCM presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas, que contempla 66 solicitudes orientadas a impulsar medidas para fortalecer la gestión pública y atender las principales prioridades del país.
— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) August 29, 2026
Control de celulares y comunicaciones desde penales
Otro eje de la propuesta apunta a impedir que los equipos de comunicación sean utilizados para actividades delictivas. Para ello, se plantea modificar las reglas sobre rastreo, localización, geolocalización, control, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos terminales móviles utilizados ilícitamente.
La medida también comprende las comunicaciones ilegales establecidas desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
En este ámbito se propone modificar, entre otras normas, el Decreto Legislativo N.° 1182, sobre el uso de datos de telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación; el Decreto Legislativo N.° 1338, que creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad; y el Decreto Legislativo N.° 1688, referido a las obligaciones y sanciones de las empresas operadoras frente a las comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles.
Mayor control de armas y explosivos
El Gobierno también plantea modificar el marco normativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, con el propósito de fortalecer su control, trazabilidad y fiscalización, así como las condiciones para su acceso, adquisición, posesión y uso.
Asimismo, se propone regular el uso de armas no letales y equipamiento de protección especial para el personal encargado de la vigilancia, control y monitoreo de las áreas naturales protegidas.
Reforma penitenciaria y reinserción social
La iniciativa incluye una reforma del sistema nacional penitenciario orientada a fortalecer la seguridad y la reinserción social.
En esa línea, se plantea regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional.
También se busca fortalecer la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal mediante intervenciones durante su permanencia en el sistema y después de su egreso.
Para delitos de alta peligrosidad y especial lesividad, el proyecto propone además regular la libertad vigilada postpenitenciaria y crear un registro destinado a prevenir la reincidencia y la continuidad delictiva.
Refuerzo de la intervención de las Fuerzas Armadas
El proyecto plantea modificar el Decreto Legislativo N.° 1095, que regula el empleo y uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
El objetivo sería fortalecer el marco normativo para su intervención en apoyo de la Policía Nacional frente a amenazas que afecten el Estado de derecho, la seguridad ciudadana y el orden interno, de acuerdo con la Constitución.
Migración y nacionalidad
El paquete también incorpora medidas en materia migratoria y de nacionalidad. Se plantea modificar el régimen de control y regularidad migratoria y las reglas de nacionalización, con la finalidad de promover una migración ordenada, segura y regular.
Legítima defensa
Finalmente, el proyecto propone establecer un marco legal para facilitar el ejercicio del derecho fundamental a la legítima defensa, reconocido en el numeral 23 del artículo 2 de la Constitución.
La propuesta plantea que quien ejerza este derecho goce de una presunción de inocencia respecto de la racionalidad de su respuesta frente a la agresión. Esta presunción tendría carácter iuris tantum y su desvirtuación requeriría una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
