Amazonas: misión internacional revisará cómo funciona la justicia ante casos de violencia sexual
Poder Judicial recibirá delegación de la OEA que evalúa situación de niñas víctimas de violencia sexual en Condorcanqui
El objetivo es realizar un diagnóstico y revisar la aplicación de la debida diligencia reforzada en el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas víctimas de violencia sexual en la referida jurisdicción, así como fortalecer las capacidades institucionales del sistema de justicia peruano.
Adquiere especial relevancia la presencia de la misión debido a las obligaciones asumidas por los Estados Parte en virtud de la Convención de Belém do Pará, de manera particular a las referidas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como a garantizar mecanismos efectivos para la protección y defensa de sus derechos.
De forma específica el artículo 7 de la referida convención determina el deber de los Estados de actuar con debida diligencia reforzada para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, lo que exige una respuesta inmediata, efectiva y coordinada frente a casos de violencia sexual.
Asimismo, el artículo 8 refuerza esta obligación mediante la adopción de medidas integrales orientadas a la adecuación institucional, la prevención y la reparación, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de justicia y la garantía de acceso efectivo a medidas y acciones de protección y atención.
Por su parte, el artículo 9 establece que los Estados deben considerar las condiciones de vulnerabilidad e interseccionalidad, debido a que las niñas indígenas awajún y wampis enfrentan múltiples formas de discriminación que requieren respuestas diferenciadas y culturalmente pertinentes.
EVALÚA AVANCES
El Mesecvi evalúa los avances de los Estados Parte en el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, así como los desafíos que persisten en la respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres.
En este contexto, la misión técnica, a invitación de la Corte Suprema del Perú, permitirá evaluar el grado de cumplimiento de estas obligaciones y contribuirá a fortalecer la respuesta estatal conforme a los estándares interamericanos aplicables.
La comisión está integrada por las vicepresidentas Yildalina Noemí Taten Brache (República Dominicana) y Mónica Andrea Maureira Martínez (Chile), así como por la secretaria técnica Luz Patricia Mejía Guerrero (Colombia).
También por las expertas Eva Villarreal Pascual (España), Jennifer Delgado (Panamá) Ana María Mendieta Trefogli (Perú), además de Tatiana Elli Bensa (Francia) y Julieth Aranzazu Palomo Suárez (Colombia).
AGENDA DE TRABAJO
Como parte de su agenda inicial, el Mesecvi sostendrá el 4 de setiembre un encuentro de alto nivel con representantes de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
También participarán representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior–Policía Nacional del Perú, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y organizaciones de la sociedad civil.
De esta manera, el encuentro en Palacio de Justicia permitirá intercambiar información sobre las medidas adoptadas, los avances alcanzados y los principales desafíos, así como conocer los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en la respuesta.
Estas acciones forman parte de los objetivos específicos de la misión, entre ellos examinar y recopilar información cualitativa sobre el acceso a la justicia de niñas indígenas y analizar la aplicación de la debida diligencia reforzada en el sistema de justicia.
Asimismo, identificar barreras estructurales de carácter geográfico, lingüístico, cultural e institucional, evaluar los avances en los modelos de atención y respuesta judicial y aportar insumos técnicos para elaborar una recomendación general sobre la violencia contra las mujeres indígenas desde una perspectiva intergeneracional.
Además, detectar posibles retrocesos normativos, incluida la eliminación del enfoque de género en el marco legislativo, revisar la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) y fortalecer la cooperación técnica entre el Estado peruano y el Mesecvi.
Luego, la delegación se trasladará a Santa María de Nieva y a los distritos de El Cenepa y Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, donde sostendrá reuniones y espacios de diálogo con autoridades locales y comunitarias, operadores de justicia, lideresas, organizaciones de mujeres indígenas y representantes de la sociedad civil.
La delegación también sostendrá audiencias privadas con familiares de las víctimas para conocer las experiencias de las niñas y adolescentes afectadas, así como las barreras que enfrentan para ejercer sus derechos y acceder a protección, atención, justicia y reparación.
Como parte del trabajo en nuestro territorio, recorrerá instituciones y servicios que integran la ruta de atención y acceso a la justicia para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familiares, a fin de conocer su funcionamiento, articulación interinstitucional e interoperabilidad.
Debe resaltarse que la información recabada durante las reuniones, audiencias y visitas servirá de base para la elaboración de las observaciones y recomendaciones preliminares de la misión, que serán presentadas el viernes 11 de setiembre, durante una rueda de prensa en Lima.
MEDIDAS CONTRA VIOLENCIA
Cabe remarcar que, durante la actual gestión de Janet Tello Gilardi, el Poder Judicial puso en funcionamiento, en enero pasado, el SNEJ en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, conformado por diez órganos jurisdiccionales ubicados en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa.
Es importante precisar que los juzgados de familia otorgan medidas de protección y medidas cautelares en favor de las víctimas, mientras que los de investigación preparatoria resuelven los requerimientos del Ministerio Público.
Por su parte, los juzgados penales unipersonales y el juzgado penal colegiado tienen a su cargo el juzgamiento y la sanción de delitos graves, como feminicidio, lesiones, violación sexual y tocamientos indebidos, de acuerdo con sus respectivas competencias.
La puesta en marcha de este sistema significó un paso firme para acercar la justicia a quienes más la necesitan, en un territorio marcado por la pobreza, el abandono del Estado (se habla así de centenares de NNA, mujeres, víctimas de abuso sexual) y las barreras lingüísticas.
“Que quede bien claro, los hechos de violencia sexual deben ser sancionados de manera ejemplar, como ya se puede comprobar con sentencias de hasta 35 años de cárcel en la Corte de Amazonas”, expresó en su oportunidad Tello Gilardi.
Para fortalecer el servicio de justicia en Condorcanqui, el Poder Judicial puso a disposición de las juezas y jueces de esta jurisdicción nueve deslizadores para facilitar su traslado y el de las víctimas, contribuyendo así a reforzar la protección de estas últimas.
La flota está conformada por tres deslizadores grandes cerrados con capacidad para once tripulantes o más, y seis embarcaciones abiertas tipo chalupa, para seis pasajeros, en los que los operadores de justicia podrán movilizarse hasta los lugares más inhóspitos de la selva.
Las chalupas son importantes porque permiten que los servicios de justicia lleguen de manera eficaz, rápida y oportuna a los lugares donde se han cometido estos delitos y brindar una respuesta adecuada ante los graves casos de violencia sexual.
Debe recordarse que en el caso de violencia sexual relacionada a la niña awajún B. S. Z. N. (7), el juzgado de Familia de Huampami dictó de forma oportuna las medidas de protección en su favor, como el impedimento del agresor de acercarse a la víctima, atención médica y psicológica urgente, así como la entrega de la tenencia a la abuela para asegurarle un entorno seguro.
Además, el juzgado de investigación preparatoria, a pedido de la Fiscalía, dispuso la medida de detención preliminar del investigado por siete días, y ordenó su inmediata ubicación y captura a nivel nacional.
También merece destacarse como iniciativas del Poder Judicial a la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial que, en diez años, logró consolidar políticas y avances en la lucha contra la violencia hacia la mujer.
Entre las herramientas normativas impulsadas por este grupo de trabajo destaca el Protocolo de Administración de Justicia con Enfoque de Género, instrumento que orienta la labor jurisdiccional para garantizar que las decisiones judiciales estén libres de sesgos y estereotipos.
Dato
Esta será la tercera misión de asistencia técnica del MESECVI, después de las realizadas en Argentina, en 2023, y Colombia, en 2026, en el marco de su mandato de apoyar a los Estados Parte en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará.
