Editorial
“Recuperar plenamente el control de las cárceles constituye, por tanto, una pieza fundamental de la estrategia contra la inseguridad ciudadana”.
Se han realizado diversos esfuerzos en distintas etapas para controlar esta situación, aunque los resultados no han sido plenamente satisfactorios hasta el momento. La instalación de bloqueadores de teléfonos celulares en las cárceles del país, por ejemplo, ha tenido una cobertura limitada, inferior al 50% de estos establecimientos.
Por tal motivo, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se fijó como una de sus prioridades fortalecer el control de las cárceles con el propósito de evitar que las redes criminales continúen operando de forma impune en contra de la población.
Una de las medidas anunciadas con esa finalidad es la participación de las Fuerzas Armadas en el control perimétrico de los penales y, en concreto, en la vigilancia del acceso a estos establecimientos. El objetivo es evitar el ingreso de objetos que puedan ser empleados por los internos para comunicarse con el exterior y planificar la comisión de los delitos antes mencionados.
Al respecto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, precisó que las Fuerzas Armadas aplicarán un “férreo control” de los accesos a los penales, especialmente en los de máxima seguridad, donde purgan condena los delincuentes más peligrosos del país.
Sin duda, mejorar el control en el ingreso a las cárceles de nuestro país es una medida positiva e impostergable, por cuanto el actual sistema de vigilancia no ha cumplido de forma eficiente con evitar el ingreso de objetos prohibidos, los que suelen ser usados por las mafias delictivas para sus fines ilícitos, como los teléfonos móviles.
No obstante, reforzar la vigilancia exterior será insuficiente si dentro de los establecimientos penitenciarios persisten las condiciones que permiten a determinados internos mantener contacto con sus organizaciones y continuar dirigiendo actividades ilícitas.
Resulta indispensable, por ello, avanzar hacia una estrategia integral que comprenda sistemas eficaces para impedir las comunicaciones ilegales, controles permanentes para detectar objetos prohibidos, inteligencia penitenciaria y acciones decididas contra cualquier forma de corrupción que facilite su ingreso. La tecnología puede desempeñar un papel fundamental, pero debe estar acompañada por personal debidamente preparado y mecanismos rigurosos de supervisión.
Recuperar plenamente el control de las cárceles constituye, por tanto, una pieza fundamental de la estrategia contra la inseguridad ciudadana. La participación de las Fuerzas Armadas puede contribuir a cerrar una de las vías utilizadas por las organizaciones criminales, pero deberá formar parte de una reforma penitenciaria más amplia, sostenida y rigurosa que, afortunadamente, es una de las propuestas del actual gobierno, la cual espera el respaldo político del Congreso para su ejecución plena.