Política

Periodista
vveliz@editoraperu.com.pe
¿Por dónde pasa la importancia de la delegación de facultades y qué es lo que esperan poner en marcha?
–Desde hace uno o dos quinquenios, el Perú no es gobernado de manera estable ni de acuerdo con una estrategia o un plan determinados. Se han ido sumando defectos, problemas, vicios, y eso ha arrojado que tengamos problemas en todos los sectores.
–Pero a partir de eso, justamente uno de los pedidos de la ciudadanía es el tema de la seguridad, uno de los ejes del proyecto de ley de facultades legislativas...
–Se trata prácticamente de reformar en gran medida el Estado; la capacidad que tiene el Estado de brindar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos. No es parecido a las facultades de gobiernos anteriores, sino de cómo superar graves problemas en el más breve tiempo, sin el trámite parlamentario regular; aprobar reformas lo antes posible, en tres o cuatro meses, en materias como seguridad. La seguridad ciudadana es transversal, no es un solo sector. Comienza desde la formación y solidez de la persona dentro de la familia y culmina con la posibilidad cierta o incierta de resocialización de los internos. En todo ese trayecto se está fallando.
–¿Cómo corregir ese fallo a través de las facultades desde su sector?
–No se trata ya de elevar las penas de manera indiscriminada; se trata de asegurar que el delincuente sea apresado por la Policía, que la Policía pueda defenderse en caso el delincuente le dispare, que tenga los instrumentos adecuados, inteligencia policial y el refuerzo de la inteligencia de las Fuerzas Armadas para capturar a las bandas criminales. ¿Por qué? Porque el principal incentivo del delito es la posibilidad de no ser apresado.
–¿Cómo le vamos a poner freno a eso?
–Desde el inicio. La detención del sospechoso debe ser una posibilidad cierta para un Estado moderno. Eso significa que la Policía tiene que liderar, como regla general, la detención, la investigación preliminar. El Ministerio Público debe supervisar que se cumplan las reglas establecidas, el protocolo, y desarrollar cabalmente la investigación preparatoria. Todo esto con el incentivo de que los procedimientos de carácter penal, el famoso Código Procesal Penal que fue vendido al Perú como la octava maravilla del mundo, sea reformado. Y eso involucra también la reforma del INPE. No significa que vamos a sacar a todos o a los directores; pasa por los incentivos. ¿Qué incentivo tiene un agente penitenciario o un director de penal para actuar bien? Es toda una cadena donde vamos a incidir con decretos legislativos para modificar la situación actual.
–Y en el caso del sistema penitenciario, ¿qué se está planteando?
–La construcción de penales tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador, pero no para los reos violentos, sino para aquellos primarios que no representan un peligro social. Esas personas deben ir a un penal de mínima seguridad para poder trabajar durante el día en un programa de cárceles productivas, reducir sus penas y tener una salida laboral para después. Los grandes penales, los construidos para seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre. Esas personas violentas que sí representan peligro para la sociedad no deben tener ningún tipo de beneficio penitenciario; deben tener regímenes sumamente estrictos, en los cuales se restrinja severamente las visitas. No puede ser que un sicario tenga derecho a una visita conyugal todas las semanas o que amigos suyos sigan visitándolo cada semana llevando y trayendo instrucciones de las bandas criminales.
–¿Challapalca seguirá siendo destino de los delincuentes peligrosos?
–Challapalca tiene que existir porque es una necesidad hoy. En el futuro es posible que construyamos otros penales, incluso con ayuda y tecnología del extranjero, pero sería un acto de populismo decir que va a ser abandonado; al contrario, necesitamos más Challapalcas. Hay que estudiar de qué manera está afectando a Tacna y cortar vínculos para que sea un penal de alta seguridad.
–En gestiones pasadas se habló de una nueva institución en reemplazo del INPE.
–La Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) tuvo acta de creación, pero el siguiente gobierno de emergencia le puso plazo para su formalización, y se venció. Lo que tenemos que hacer, en lugar de desarrollar Sunir, es eliminarla y trabajar con lo que tenemos. Reformar el INPE no con un criterio de venganza o castigo, sino visualizar que todas las personas somos capaces de hacer bien o mal dependiendo de los incentivos o condiciones. Si a las personas a cargo de los penales les creamos una red de incentivos, ¿por qué no van a actuar bien? Si los relacionamos con bonos de productividad con el número de resocializados salidos de su penal, ¿por qué no darles un bono de efectividad?
–Una mejora económica en función de resultados…
–Como se hace en el sector privado.
Confianza
A juicio del ministro Álvarez, los sectores de izquierda y de derecha del Congreso tienen la urgencia de visualizar que los decretos que proyecta aprobar el Ejecutivo vía facultades legislativas delegadas responden a una necesidad de la ciudadanía por más seguridad.
Agregó que los legisladores tienen la responsabilidad de ser leales con sus electores y atender una necesidad que es común en todos los sectores de la población.
En ese sentido, expresó su confianza en que el Parlamento aprobará el pedido para que el Ejecutivo reciba facultades legislativas delegadas.
“Más allá del discurso y la confrontación episódica, lo que predomina es el interés de los electores”, comentó.
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