Mundo
El suministro se ha convertido en el principal obstáculo de la gestión del centroderechista Rodrigo Paz, que entró al poder en noviembre de 2025 con la promesa de darle solución a la escasez de carburantes.
La semana pasada, una norma del Ejecutivo duplicó el precio del diésel hasta los 1.5 dólares por litro para evitar que se destinara al contrabando, que el Gobierno señala como causa del desabastecimiento actual. El decreto aclara que la intervención no cambia su naturaleza jurídica.
Bloqueos
La medida fue rechazada por campesinos que emprendieron bloqueos de carreteras en los departamentos de Beni (norte) y Santa Cruz (este), pese a que aún rige un estado de excepción que sirvió al Gobierno para apagar la ola de protestas contra la crisis económica que paralizó el país entre mayo y junio.
El documento dispone la intervención “extraordinaria, transparente y temporal” de YPFB, con el objetivo de “proteger los intereses del Estado” y recuperar la “eficiencia de la gestión operativa y administrativa” de la compañía.
La intervención tiene un plazo de hasta 180 días y no implica la supresión de la empresa.
Busca, según el decreto, “obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis de la cadena logística de importación y distribución de carburantes, establecimiento de volúmenes para las estaciones de servicio y otras modalidades de venta”.
Auditorías
La comisión de intervención será integrada por los ministros de Economía, de Producción Sostenible, de Hidrocarburos, y de Obras Públicas, y por el viceministro de Transparencia, que recomendarán auditorías.
En diciembre, Paz eliminó los subsidios a los combustibles, una política emblemática de los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) que gatilló la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
Agotó las reservas en divisas y terminó por complicar la continuidad de las importaciones de los mismos carburantes que se subsidiaban.
Pero pese a que anunció que eso terminaría con las largas filas de espera en las gasolineras, donde a veces los conductores tenían que dormir en sus vehículos, el desabastecimiento no se solucionó.
Condición del FMI
Sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazan la decisión del aumento del precio del diésel y exigen al Gobierno que derogue la norma, con amenazas de movilizaciones pese al estado de excepción que rige desde junio.
También sectores afines al expresidente Evo Morales prevén realizar una marcha en Cochabamba.
El Gobierno ha señalado que el retiro de la subvención fue una de las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación por 1,900 millones de dólares anunciado con el país.