Derecho
Al respecto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sostuvo que contar con un sistema de administración de justicia fuerte, independiente e imparcial resulta crucial para prevenir y combatir la corrupción en el marco de un Estado de derecho.
“Hoy, más que nunca, la integridad judicial y la independencia funcional de jueces y fiscales constituyen condiciones indispensables para garantizar investigaciones y procesos eficaces, imparciales y conformes con los estándares internacionales”, señaló.
Tello Gilardi formuló estas declaraciones al inaugurar el seminario Corrupción e Independencia Judicial, organizado por la Unión Europea, con el respaldo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, un espacio de intercambio académico y cooperación transnacional.
Al certamen asistieron el embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell; el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, César Jordán, entre otros.
La presidenta del Poder Judicial recalcó que, sin la garantía que brinda la independencia judicial, los esfuerzos operativos de las fuerzas policiales y la cooperación internacional pierden coherencia, impacto y sostenibilidad.
“Los magistrados independientes e imparciales, dotados de sólidas capacidades profesionales y altos estándares de integridad, son impenetrables frente a las prácticas de corrupción y al fraude”, refirió.
Estado de derecho
Asimismo, remarcó que la independencia judicial es fundamental para el desarrollo de un sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho, especialmente cuando el crimen organizado transnacional ha extendido su alcance y rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades.
En ese contexto, advirtió que la corrupción y los intentos de interferir indebidamente en la administración de justicia buscan debilitar la respuesta penal frente a las organizaciones criminales y favorecer la impunidad.
Por ello, remarcó que es primordial contar con juezas y jueces capaces de ejercer sus funciones con independencia frente a las presiones generadas por el crimen organizado internacional, sin temor a represalias o algún tipo de venganza.