Extinción de dominio bajo revisión: Fiscalía busca nuevas reglas para recuperar activos criminales
Ministerio Público conforma comisión para reformar la extinción de dominio
La medida fue dispuesta mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2621-2026-MP-FN. La comisión será presidida por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y estará integrada por fiscales especializados en extinción de dominio, lavado de activos, criminalidad organizada, corrupción de funcionarios y materia ambiental, así como por funcionarios vinculados con la recuperación de activos.
También participarán representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, el Programa Nacional de Bienes Incautados, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, los colegios de abogados, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Asimismo, se incorporará un representante del Basel Institute on Governance, quien ejercerá la Secretaría Técnica, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el Ministerio Público para brindar asistencia técnica en recuperación de activos ilícitos.
La comisión contará con tres meses, desde su instalación, para culminar su encargo. Este plazo podrá ser prorrogado mediante resolución de la Fiscalía de la Nación.
Al concluir su labor, deberá presentar un informe final que incluya la propuesta de reforma legislativa, su exposición de motivos y las recomendaciones institucionales o interinstitucionales correspondientes.
La resolución señala que la reforma busca atender las dificultades generadas por las modificaciones introducidas por la Ley N.° 32326 al Decreto Legislativo N.° 1373 y por los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 135/2025. La propuesta deberá preservar la naturaleza patrimonial de la extinción de dominio y su finalidad de desfinanciar a las organizaciones criminales, garantizando los derechos fundamentales y la protección del tercero adquirente de buena fe.
