Política
“Hay parlamentarios de la oposición que, sin haber profundizado, sin haber escuchado las diversas exposiciones de los ministros y, sobre todo, sin haber permitido el desarrollo de las propuestas en las comisiones, ya están planteando de antemano una negativa”, señaló.
El titular del MTPE reconoció que oponerse constituye un derecho político de las bancadas; sin embargo, advirtió que esa posición no puede ignorar la grave realidad que atraviesa el país en materia institucional, económica, laboral y de seguridad ciudadana.
“Es su derecho político, pero ese derecho está chocando con una realidad existente en nuestro país: una situación caótica en materia institucional, de seguridad ciudadana, económica y de empleo”, enfatizó.
El ministro Sheput explicó que la amplitud de la solicitud —que comprende ocho materias y 66 decretos legislativos— responde a la magnitud de los problemas acumulados durante los últimos cinco años, periodo en el que el país tuvo cuatro presidentes y sufrió un deterioro progresivo de su institucionalidad.
“Cuatro presidentes han generado una situación de desorden que se refleja en el ámbito institucional, social, económico, político y de seguridad. Ante ello tenemos que enfrentar la situación con una de las herramientas que brinda la democracia: la delegación de facultades”, manifestó.
En ese sentido, rechazó las versiones que pretenden presentar este mecanismo constitucional como una medida autoritaria o contraria al orden democrático.
“La delegación de facultades no es un tema autoritario, no es un golpe de Estado ni la antesala de un golpe. Es una herramienta estrictamente democrática: es atribución del Ejecutivo solicitarla y del Congreso aceptarla o negarla. En estas circunstancias, lo que estamos pidiendo es su aprobación”, precisó.
Empleo y seguridad ciudadana
El ministro cuestionó especialmente el argumento de algunos sectores de la oposición según el cual las facultades solicitadas en materia laboral no tendrían relación con la lucha contra la inseguridad ciudadana. Al respecto, advirtió que el país tiene cerca de un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan y que, dentro de ese universo, existiría alrededor de medio millón que tampoco busca hacerlo.
“¿Cómo se puede afirmar que esto no ayuda a la seguridad ciudadana si ese medio millón de jóvenes constituye el caldo de cultivo de la delincuencia?”, preguntó ante la representación nacional.
El titular del MTPE sostuvo que el crecimiento económico y el empleo formal son fundamentales para ofrecer oportunidades reales a la juventud y evitar que la falta de perspectivas sea aprovechada por el pandillaje y las organizaciones criminales.
“Por supuesto que la formalidad ayuda a luchar contra la delincuencia. A mayor crecimiento económico, mayor capacidad para incorporar a esos jóvenes al empleo y no al pandillaje”, afirmó.
Explicó que cada punto porcentual de crecimiento del producto bruto interno genera aproximadamente 50 mil puestos de trabajo, mientras que alrededor de 300 mil personas —en su mayoría jóvenes— se incorporan anualmente a la población económicamente activa.
“Si crecemos 6 % al año, podemos absorber a esos 300 mil jóvenes. Pero si el país crece solamente 1 %, 2 % o 3 %, entre 150 mil y 200 mil quedan fuera del mercado laboral, y allí está la semilla del pandillaje”, advirtió.
Formalizar es reconocer derechos
El titular del MTPE rechazó también que las propuestas del Ejecutivo busquen recortar derechos laborales a los jóvenes. Señaló que no se puede hablar de eliminar beneficios que millones de trabajadores informales nunca han podido ejercer.
“¿Qué derechos les vamos a quitar a seis millones de jóvenes si ni siquiera los tienen? La mayoría de los jóvenes, que conforman el grueso de la informalidad, no tiene vacaciones, CTS, gratificaciones, acceso a la salud ni una futura pensión”, expresó.
El ministro explicó que existen jóvenes que llevan años trabajando mediante recibos por honorarios, boletas u otros mecanismos que no les proporcionan protección laboral ni seguridad social. Frente a esta situación, remarcó que el propósito del Gobierno es incorporarlos a la formalidad y reconocerles los derechos que hoy se les niegan.
“Lo que pretende este Gobierno es darles derechos. Hay jóvenes que llevan cinco años trabajando con honorarios profesionales, tres años con una boleta o dos años con un simple recibo. A esos jóvenes tenemos que darles derechos”, sostuvo.
Finalmente, el titular del sector Trabajo invocó al Congreso a evaluar la solicitud con responsabilidad y sentido de urgencia, evitando que una posición minoritaria impida que la representación nacional adopte una decisión necesaria para el país.
“No permitamos que una minoría audaz, que confunde la oposición con la destrucción sistemática de una iniciativa legislativa, tome la iniciativa e impida que este Parlamento se pronuncie a favor de una delegación de facultades absolutamente necesaria”, concluyó.
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