Economía
La conformación de este grupo de trabajo expresa la decisión del sector de avanzar, dentro de sus competencias, en la identificación y formulación de medidas que permitan modernizar su organización, fortalecer instituciones y mejorar servicios para trabajadores, empleadores y ciudadanos.
Aporte
Esta iniciativa constituye un trabajo complementario al pedido de delegación de facultades.
Mientras el grupo permitirá ordenar y sustentar técnicamente las propuestas, las facultades legislativas proporcionarán herramientas normativas necesarias para ejecutar reformas de mayor alcance y responder con rapidez a los desafíos del empleo, formalización y protección laboral.
“Decidimos avanzar con las herramientas que poseemos. La creación de este grupo demuestra que hay una decisión política de identificar problemas, formular soluciones y preparar reformas que el país precisa”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.
“La delegación de facultades resultará fundamental para complementar este esfuerzo y permitirnos actuar con mayor alcance y oportunidad”, agregó. El funcionario sostuvo que la modernización estatal exige combinar capacidad técnica, decisión política y acción inmediata, sin perder de vista la necesidad de poseer un marco normativo que permita concretar cambios estructurales.
“No esperaremos a que los problemas se acumulen para actuar. Avanzamos dentro de nuestras competencias y, al mismo tiempo, confiamos en que el Congreso otorgará al Ejecutivo las facultades necesarias”, afirmó.
Propuestas
La Comisión Sectorial, de naturaleza temporal, tendrá como objetivo elaborar un informe con propuestas de políticas, planes, programas, medidas, acciones y disposiciones normativas destinadas a consolidar el proceso de fortalecimiento y modernización del sector.
Entre sus principales funciones se encuentran revisar y formular medidas para el fortalecimiento del Sector Trabajo y Promoción del Empleo; proponer acciones para consolidar su modernización; y solicitar información y documentación a los órganos e instituciones competentes para el cumplimiento de sus objetivos.
Asimismo, deberá elaborar, aprobar y emitir un informe técnico final que reúna las propuestas y recomendaciones formuladas. Este documento servirá como base técnica para impulsar decisiones y reformas.