Editorial
Ahora toca lo más difícil: ejecutar. La ciudadanía anhela vivir más segura, encontrar trabajo, acceder a buenos servicios y ver que una obra o una decisión pública realmente funciona
El reto está justamente ahí. El país necesita que las políticas se ejecuten, que las instituciones se coordinen y que las decisiones lleguen a la gente. La norma, además, no se queda en el Gobierno central: su aplicación alcanza al Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, dentro de sus respectivas competencias.
La seguridad es el primer eje, y no podía ser de otra manera. La extorsión, los delitos violentos y el crimen organizado afectan a las familias, pero también a los pequeños negocios y a la actividad económica. Se plantea reducir la capacidad operativa, logística y económica de las organizaciones criminales, mejorar el acceso a la justicia y recuperar espacios y territorios afectados por la violencia y las economías ilícitas.
El segundo eje y gran desafío es reducir la vulnerabilidad frente a los desastres y al cambio climático. Aquí tampoco basta reaccionar cuando ocurre una emergencia. Se necesita ordenar el territorio, reducir riesgos y mejorar la preparación y la respuesta, con una mayor coordinación entre sectores, niveles de gobierno y actores privados.
El tercer eje parte de una convicción clara: el Estado debe acompañar a las personas a lo largo de toda su vida, con mejor salud, educación, protección social, seguridad alimentaria y servicios básicos.
Para que todo esto funcione, se necesita un Estado con instituciones legítimas, mejor coordinación y capacidad real para implementar sus decisiones.
Pero recuperar la seguridad, enfrentar los riesgos y atender la agenda social no será suficiente si la economía no vuelve a generar oportunidades.
Por eso, el cuarto eje apunta a elevar la productividad, promover empleo formal, mejorar la competitividad de las mypes, cerrar brechas de conectividad y ofrecer mayor seguridad jurídica a la inversión. Reglas claras y previsibles pueden hacer una diferencia importante para quienes quieren invertir y generar empleo.
El quinto eje apunta a mejorar la coordinación entre instituciones, fortalecer la rendición de cuentas, facilitar el acceso a la justicia y aumentar la capacidad para implementar decisiones, condiciones necesarias para que los otros cuatro ejes no queden en el papel.
La aprobación de esta política es, por tanto, un punto de partida, no una meta. El propio decreto dispone que los ministros establezcan las medidas necesarias para cumplirla y que las entidades incorporen esas acciones en sus instrumentos de planeamiento.
Ahora toca lo más difícil: ejecutar. La ciudadanía anhela vivir más segura, encontrar trabajo, acceder a buenos servicios y ver que una obra o una decisión pública realmente funciona. Esa es la prueba de fuego en los próximos cinco años.