Facultades delegadas: Gobierno plantea Registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas
Estrategia integral incorpora inteligencia, geolocalización y rastreo de equipos móviles para enfrentar la extorsión, el sicariato, el secuestro y otras modalidades del crimen organizado.
El registro posibilitará identificar información clave de estas organizaciones, como su estructura de mando, integrantes, zonas de actuación, modalidades delictivas, redes de apoyo y capacidades operativas, financieras y logísticas, así como sus vinculaciones nacionales y transnacionales.
Asimismo, se plantea establecer un mecanismo especial de coordinación dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), que articule a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la delegación de facultades permitirá fortalecer la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, así como crear un comando de inteligencia similar al histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), con capacidades para anticiparse a la comisión de delitos y desarticular las redes criminales.
Geolocalización
Como parte de la estrategia, el proyecto de ley plantea modificar el marco legal de las telecomunicaciones para facilitar a las unidades policiales el acceso a información de localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles vinculados a investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato.
También se propone incorporar herramientas tecnológicas que permitan identificar patrones de comunicación asociados a redes de extorsión, rutas de sicariato y estructuras vinculadas a la minería ilegal. Esto permitirá a la Policía y a las unidades de inteligencia analizar las interacciones de las organizaciones criminales e identificar sus principales puntos de operación y coordinación.
El uso de estas herramientas estará orientado a la trazabilidad física de las actividades delictivas y no implica acceder al contenido de conversaciones privadas. Su aplicación deberá garantizar el respeto de los derechos constitucionales y la privacidad de los ciudadanos.
Finalmente, se plantea fortalecer la conservación y entrega de información técnica por parte de las empresas operadoras, así como optimizar la detección, corte y bloqueo de señales móviles y comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios o centros juveniles.
