Opinión
“El Perú posee minerales estratégicos para la transición energética y cuenta con el interés de inversionistas y socios internacionales. Corresponde aprovechar esa ventaja con una visión de largo plazo”.
No se trata de escoger entre crecimiento económico y protección ambiental. Se trata de hacer que ambos avancen de la mano.
Ese fue el planteamiento de la presidenta Keiko Fujimori durante la inauguración de ExpoMina Perú 2026, donde reafirmó que su Gobierno promoverá inversiones sostenibles y buscará que el Estado sea un facilitador del desarrollo. La meta es razonable y necesaria. Un país que demora sus decisiones, multiplica trámites y carece de predictibilidad pierde oportunidades de inversión.
El desafío es convertir esa decisión política en resultados concretos. El Perú cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros por aproximadamente 64,000 millones de dólares. Si estos proyectos avanzan bajo reglas claras, estándares ambientales y diálogo con las comunidades, pueden convertirse en una fuente importante de empleo, ingresos y desarrollo para las regiones.
Pero esa tarea debe ir acompañada de una lucha firme contra la minería ilegal. El Ministerio Público calcula que esta actividad genera pérdidas superiores a 22,000 millones de soles al año, equivalentes a 2.5% del producto bruto interno (PBI). Además, está asociada con delitos como la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción.
El impacto ambiental también exige una respuesta. Según el Ceplan, la minería ilegal ocasionó la pérdida de 6,020 hectáreas de bosque durante 2024 y acumula más de 141,000 hectáreas afectadas desde 2018. A ello se suma la contaminación de suelos y fuentes de agua, entre otros impactos.
Frente a esta realidad, se debe, primero, facilitar la inversión formal mediante procedimientos más rápidos, reglas previsibles y una coordinación efectiva entre los sectores de Energía y Minas, y del Ambiente. Segundo, fortalecer la capacidad del Estado para identificar, controlar y sancionar las actividades ilegales, especialmente en zonas donde el crimen organizado ha encontrado una fuente de financiamiento.
También es clave incorporar a las comunidades desde el inicio. La confianza no se decreta: se construye con información transparente, cumplimiento de compromisos y beneficios que puedan ser comprobados por la población.
El Perú posee minerales estratégicos para la transición energética y cuenta con el interés de inversionistas y socios internacionales. Corresponde aprovechar esa ventaja con una visión de largo plazo.
La minería responsable puede ser parte de la solución si pretendemos crecer, generar empleo y reducir brechas. Para ello, el Estado debe ser más ágil en promover la inversión y, al mismo tiempo, más firme a fin de impedir que la ilegalidad destruya aquello que el país necesita preservar. Esa combinación puede marcar la diferencia entre tener recursos y convertirlos realmente en desarrollo.