Derecho
La magistrada clausuró la diplomatura de estudio “Criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal y ciberdelito”, que duró cerca de cinco meses y se dirigió a jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
“Es importante contar no solo con jueces probos y firmemente capacitados, sino también con la suficiente capacidad de actuar con independencia ante las presiones generadas por el crimen organizado transnacional, sin temor a represalias”, expresó.
Respecto a la independencia judicial en los casos, la jueza suprema reiteró que constituye uno de los pilares básicos del debido proceso y un elemento necesario para una sociedad democrática.
En este contexto, recalcó que uno de los más grandes retos que enfrentan ahora los magistrados es la creciente inseguridad ciudadana, en la que cientos de peruanos son víctimas del crimen organizado, lo cual genera una sensación permanente de zozobra.
“Frente a este escenario, el rol del Poder Judicial es decisivo y no solo estamos llamados a sancionar el delito, sino también a hacerlo con rigor técnico, independencia y apego irrestricto a la Constitución y a los derechos fundamentales”, afirmó.
La magistrada consideró que la complejidad de estos procesos referidos a crimen organizado exige jueces altamente preparados en el uso de técnicas especiales y para la conducción de juicios complejos con enfoque estratégico.
El curso estuvo diseñado por la Pontificia Universidad Católica del Perú para los magistrados que resuelven casos complejos de crimen organizado y corrupción, que concitan, a su vez, el mayor interés público, informó el PJ.