Entidad aprueba estructura de su Sistema de Gestión Antisoborno
La estructura del SGAS está conformada por el Órgano de Gobierno, la Alta Dirección y la Función Antisoborno, a los que se asignan funciones y responsabilidades específicas de acuerdo con su nivel jerárquico.
De esta manera, se consolida un esquema de responsabilidades orientado a garantizar una gestión institucional íntegra, transparente y comprometida con la prevención de actos de soborno.
De acuerdo con la citada esolución, la Presidencia de la JNJ ejerce el rol de Órgano de Gobierno del SGAS. Entre sus principales funciones figuran: aprobar la Política Antisoborno de la JNJ, supervisar que la estrategia de la organización y la Política de Gestión Antisoborno se encuentren alineadas, así como recibir y revisar periódicamente la información del desempeño del SGAS de la JNJ.
Por su parte, la Dirección General ejerce el rol de Alta Dirección del SGAS y tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: asegurar la integración de los requisitos del SGAS en los procesos institucionales de la JNJ, comunicar interna y externamente la Política Antisoborno, y comunicar internamente la importancia de la gestión eficaz antisoborno y el cumplimiento de los requisitos del SGAS.
Asimismo, compete a la citada dirección general promover la cultura antisoborno y la mejora continua del SGAS y, fomentar el uso de los mecanismos establecidos para comunicar sospechas o hechos de soborno.
En tanfo, la Oficina de Integridad Institucional asume la Función Antisoborno del SGAS, entre cuyas principales responsabilidades se encuentran: asegurar que el SGAS se encuentre conforme a los requisitos del ISO 37001, informar sobre el desempeño del SGAS al Órgano de Gobierno y a la Alta Dirección, supervisar el diseño, implementación y mantenimiento del SGAS, además de brindar asesoramiento y orientación al personal de la JNJ sobre el SGAS y otras cuestiones relacionadas.
Con la aprobación de la mencionada estructura, la JNJ, presidida por María Teresa Cabrera Vega, fortalece una cultura institucional basada en la integridad, la transparencia y la prevención de conductas contrarias a la ética pública; permitiendo articular responsabilidades y mecanismos de prevención, identificación y atención de riesgos.
