SBN y Municipalidad San Luis Cañete firman convenio para proteger y recuperar predios estatales
Esta alianza estratégica garantiza su pleno resguardo en el distrito sureño mediante el uso de herramientas tecnológicas, capacitaciones y una estrecha articulación interinstitucional.
El acuerdo, firmado por el superintendente de la SBN, Angel Manero Campos, y el alcalde distrital de San Luis de Cañete, Zósimo Infanzón De la Cruz, en la sede de la SBN, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, establece las bases para la protección, cautela y recuperación de los predios estatales administrados por la SBN dentro de la jurisdicción de dicho distrito cañetano.
Como parte de los compromisos adoptados, la SBN facilitará a la comuna distrital el acceso en consulta a la información alfanumérica y gráfica del aplicativo SINABIP WEB y al visor gráfico de predios estatales. Asimismo, entregará la relación detallada de inmuebles registrados en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP) correspondientes a su ámbito territorial.
El convenio contempla además el fortalecimiento de capacidades del personal municipal a través de eventos de capacitación sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales, así como asistencia técnica virtual para la elaboración de expedientación técnica y legal (actas de inspección, planos perimétricos y paneles fotográficos) requerida en los procesos de recuperación de terrenos.
Por su parte, la SBN otorgará un reconocimiento institucional a los funcionarios municipales que intervengan activamente en la alerta y comunicación de actos de flagrancia contra el patrimonio estatal.
La ejecución de este acuerdo no genera la transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestaciones entre ambas entidades, respondiendo estrictamente a un esquema de cooperación mutua guiado por los principios de honestidad, probidad e integridad.
Con esta alianza, la SBN, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los gobiernos locales para frenar las ocupaciones informales y garantizar un uso adecuado de la propiedad pública en favor del desarrollo ordenado del país.
