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El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández, de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, dispuso que se tome la declaración de la víctima en cámara Gesell, así como recabar los testimonios de los 10 menores retenidos en flagrancia y que se encuentran en la Comisaría de Familia de Lima, entre otras diligencias urgentes para esclarecer lo sucedido.
Por su parte el Indecopi ha dispuesto el inicio de una fiscalización para garantizar el estricto cumplimiento del marco legal que protege a los consumidores en el país.
Asimismo, ha determinado las siguientes acciones:
1. La Dirección de Fiscalización del Indecopi inició la fiscalización para determinar si el centro educativo cumplió con las obligaciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley para la Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas.
2. Como parte de la fiscalización, se ha requerido al centro educativo información de los hechos, así como de otros aspectos, que permitirán determinar si cumplió con la normativa a la que se encuentra obligado. El citado colegio deberá presentar de manera obligatoria esta información a la autoridad.
3. De verificarse hechos que constituyan incumplimientos, el Indecopi a través de la Comisión de Protección al Consumidor N°3, podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionador.
Asimismo, se advierte que cualquier negativa, demora u omisión injustificada en la entrega de la información requerida derivará en la interposición de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el colegio o sus representantes por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad (Art. 368 del Código Penal).
4. La acción del Indecopi se ejecuta con la máxima firmeza en la vía administrativa, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de índole penal que corresponden al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú.
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