Política
Planteamos en primer lugar declarar en emergencia la seguridad ciudadana y en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana
Periodista
jcruzado@editoraperu.com.pe
–En el tema de inseguridad ciudadana, ¿cuál es la propuesta para combatir este grave problema que afecta a la ciudad?
–Es importante señalar en qué momento vivimos en el país y en la ciudad de Lima. Lamentablemente, tanto a nivel nacional como a nivel capital, vivimos en un estado de abandono.
Para que los ciudadanos puedan entender el sentido de nuestras propuestas, es importante recalcar que lo que falta en nuestro Estado, a todo nivel, es justamente autoridades con liderazgo, con conocimiento, con firmeza, con claridad en los objetivos y con visión de desarrollo para saber hacia dónde queremos llevar a las comunidades.
Frente a esta situación de abandono en la ciudad, que se refleja en tres muertos diarios, proponemos en primer lugar declarar en emergencia la seguridad ciudadana y en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana.
Y como alcalde, si los vecinos de Lima me eligen, encabezaré como jefe político de la seguridad ciudadana, con toda autoridad y firmeza, la conducción del comité regional, porque es allí donde se aprueban los planes de seguridad y es desde allí donde se tiene que controlar el cumplimiento de las actividades.
Las fuerzas de la seguridad ciudadana, llámese el propio serenazgo, la Policía Nacional, las instituciones que integran el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, como el caso del Ministerio Público o el Poder Judicial, tienen la obligación de rendir cuentas de las tareas que se les ha asignado en el Plan de Seguridad Ciudadana, y es una cosa que no se hace.
De manera que, frente a este abandono por la incapacidad operativa de la Policía Nacional, que tiene ya más de 60 años, es que propongo el uso de armas de fuego por el personal del Serenazgo Metropolitano, previa capacitación en la Escuela de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que deberá contar con acreditación del Ministerio del Interior.
En segundo lugar, queremos tener la competencia y la facultad para que el personal de serenazgo pueda detener a los infractores de la ley. No podemos combatir una criminalidad violenta, agresiva, organizada e internacional con un gasecito de pimienta ni con pistolas eléctricas.
Para contar con esta atribución no hay que modificar la Constitución. La Constitución lo que prohíbe es que, más allá de la Fuerza Armada o la Policía, nadie en el Perú puede usar armas de guerra.
Para el serenazgo no queremos armas de guerra. Son armas de uso civil para defender la vida. Queremos defender la vida de las personas, la vida de los limeños, y en ese empeño no vamos a cesar hasta que podamos conseguir el objetivo para complementar y apoyar al servicio de seguridad que en este momento otorga la Policía Nacional.
–¿Cómo articular el trabajo municipal con los objetivos nacionales en materia de seguridad ciudadana para que esto no quede solo en el ámbito local?
–Tenemos que fiscalizar el cumplimiento de los propósitos, de los objetivos. Si en el plan regional de seguridad ciudadana la meta de la Policía es tal número de detenciones en el año, pues la Policía tiene que rendir cuentas, informar cuántas detenciones hubo, cuántas de ellas pasaron a la Fiscalía.
La Fiscalía, a su vez, también tiene que dar cuenta de si los archivó, formalizó la investigación a preparatoria y luego lo pasó al Poder Judicial para el juicio oral. ¿Qué pasó en el Poder Judicial?
Necesitamos justamente que todos los funcionarios públicos, todas las instituciones le rindan cuenta a los ciudadanos. Se trata de un principio democrático.
Por supuesto, en este esquema de trabajo el apoyo de la tecnología es importante, pero no perdamos de vista que es un complemento. Hay candidatos que ofrecen más cámaras de seguridad en las calles, inteligencia artificial. Todo ayuda, pero lo que necesitamos es gente que sepa qué hacer, liderar a sus instituciones que forman el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y alcanzar los objetivos que nos trazamos.
–Otro de los graves problemas que afectan a Lima es el del transporte. ¿Qué planteamientos propone usted para imponer el orden en este terreno?
–Hace siete años, con la creación de la ATU (Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao), se despojó a las municipalidades de Lima y Callao de sus competencias para la regulación del transporte en la ciudad, y solo quedó el ordenamiento del tránsito.
El caos en el tránsito que existe en la capital es responsabilidad de la actual gestión de Renovación Popular y las gestiones de los últimos 30 años que no han cumplido con esta responsabilidad. Los limeños perdemos entre tres a seis horas diarias solo para trasladarnos de un lugar a otro, y esa pérdida por supuesto que repercute en las empresas y el propio Estado. ¿Qué vamos a hacer? Hay que declarar en emergencia el tránsito y el transporte en Lima Metropolitana. La comuna metropolitana debe recuperar su competencia rectora en el transporte urbano de la ciudad, que hoy tiene la ATU, porque es ella la encargada de planificar el desarrollo vial de una megalópolis de más de 10 millones de habitantes.
De ganar las elecciones, vamos a crear un centro de gestión y control del tránsito y el transporte de Lima, totalmente integrado, que en este momento no existe. También vamos a semaforizar todas las intersecciones metropolitanas y las vías alimentadoras de la ciudad.
Tercer tema: vamos a invertir en las vías que nos permitan aligerar el tránsito en la ciudad. Cuarto tema: como hay poco que hacer en superficie, tenemos que articular con el Gobierno nacional para que cumpla de una vez por todas con el inicio de las demás líneas del metro, del tren subterráneo.
Más allá de las malas decisiones y los cuestionamientos alrededor del proyecto de tren Lima-Chosica, que ha dejado la actual gestión municipal, nosotros asumiremos el compromiso, junto con el MTC y ProInversión, de trabajar para que en el más breve plazo posible ese tren pueda operar, porque hay 3 millones de limeños que necesitan ese servicio.
Comercio ambulatorio
El candidato del PPC también se comprometió a solucionar el problema del comercio ambulatorio en el cercado de Lima, pero sin clientelismo político y apelando al espíritu emprendedor de los comerciantes.
“Es obligación de la municipalidad buscar la manera de formalizarlos, como ya se hizo en el pasado con el alcalde Alberto Andrade, que organizó a los comerciantes para que pudieran trabajar en centros comerciales adquiridos por ellos mismos con la intervención de la municipalidad para conseguir mejores precios”.
Señala que pondrá especial empeño en ordenar el comercio ambulatorio alrededor de zonas como el Mercado Central, Mesa Redonda, jirón de la Unión, los jirones Carabaya y Lampa, dentro de la zona monumental de la capital.
Manifestó que declarará en emergencia el servicio público de limpieza de la capital, para determinar la cantidad de residuos que se generan diariamente y la capacidad de respuesta de la municipalidad.
“Hay un déficit en la atención de ese servicio, pues deberían recogerse entre 900 y 1,000 toneladas diarias, y solo se logran retirar entre 600 y 800 toneladas”. También dijo que su gestión hará una limpieza permanente de las calles del centro de Lima, pues muchas de ellas huelen a orines, lo que deja una mala impresión a los limeños y los turistas que recorren la ciudad. Paralelamente se instalarán baños públicos para el uso de los peatones.
Hoja de vida
Edgardo Renan de Pomar Vizcarra (64 años), abogado de profesión, con amplia experiencia en la administración pública, ha sido regidor provincial en el periodo 2011-2014.
También fue docente de Derecho Municipal en las universidades de Lima y Ricardo Palma, además de asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
Posee una maestría en Administración-Mención en Gobierno. En lo partidario, fue Secretario Nacional Estructural del PPC.