Opinión
Congresista
La semana que acaba de concluir nos ha dado una muestra clara. La Cámara de Diputados ejerció sus funciones propias de control político frente a los ministros; el Senado también desarrolló su ámbito intrínseco de acción; ambas cámaras han establecido agendas diferenciadas y, al mismo tiempo, han aparecido espacios de trabajo conjunto, como la Comisión Bicameral de Presupuesto y la coordinación de las comisiones de Defensa frente al fenómeno El Niño.
Teorizamos que esto justamente es el desafío principal de esta primera etapa bicameral: diferenciar sin dividir.
La bicameralidad no debería entenderse como tener dos Congresos, sino significa contar con dos cámaras que cumplen funciones distintas dentro de un mismo poder. La Cámara Baja es la llamada a mantener una relación directa con las demandas ciudadanas, impulsar el debate político, fiscalizar y desarrollar la primera etapa de la producción legislativa. El Senado, por su parte, debe aportar revisión, experiencia y una segunda deliberación que permita corregir, perfeccionar o, de ser el caso, impedir la comisión de malas decisiones parlamentarias.
Después de 33 años trabajando bajo una hermenéutica parlamentaria, tendremos que consolidar procedimientos, evitar duplicidades y aprender a coordinar mejor. Incluso los debates recientes sobre la delimitación de las competencias que corresponden a cada cámara evidencian que este nuevo Congreso aún se encuentra en proceso de construcción, en buena medida, a través de la denominada “práctica parlamentaria”, de cuya evolución y consolidación somos hoy testigos privilegiados.
Lo más importante de esta nueva etapa es no perder de vista al ciudadano. La bicameralidad solo tendrá sentido si produce mejores leyes, una fiscalización más efectiva y decisiones públicas más responsables. Por el contrario, será un fracaso si solamente se duplican funciones y se malgastan recursos valiosos del Estado en esa tarea inútil.
Quienes integramos este primer Congreso bicameral tenemos, por ello, una responsabilidad especial: hacer que la reforma funcione. No se trata de defender una estructura por sí misma, sino de demostrar que un Parlamento con mayores controles y una segunda instancia de reflexión puede responder mejor a los problemas del país.