Editorial
La participación de las comunidades será decisiva. Son ellas las que conocen el territorio y las que tendrán que cuidar buena parte de lo que se plantee. Por eso, escuchar deberá ser una regla de trabajo
La presidenta Keiko Fujimori anunció en Nueva York una inversión de 300 millones de dólares en cinco años para reforestar 50,000 hectáreas. El programa busca beneficiar a 100 comunidades, generar más de 350,000 puestos de trabajo y preservar 100 millones de metros cúbicos de agua subterránea. Son cifras importantes, pero el verdadero desafío estará en convertirlas en resultados que puedan comprobarse en el territorio.
Sierra Verde no parte de una idea nueva. El programa fue iniciado hace 28 años y su relanzamiento retoma acciones como la construcción de zanjas de infiltración, reservorios y trabajos de forestación. La ventaja de recuperar una experiencia anterior es que permite mirar qué funcionó, qué no y qué debe hacerse de otra manera.
Ahí está uno de los puntos centrales. No basta con anunciar miles de hectáreas reforestadas. Hay que asegurar que los árboles sobrevivan, que las comunidades participen y que las obras respondan a las necesidades de cada zona. Los Andes no son un territorio uniforme. Lo que sirve en una comunidad puede no funcionar igual en otra.
También resulta acertado vincular la conservación con la actividad productiva. Durante mucho tiempo, el debate ambiental se presentó como si proteger los ecosistemas significara limitar las posibilidades económicas. En realidad, conservar el agua y recuperar los suelos puede ser una condición para que la agricultura, la ganadería y otras actividades tengan futuro.
Pero para que eso ocurra se necesita algo más que recursos públicos. La convocatoria a bancos multilaterales, fundaciones e inversionistas privados puede ayudar a ampliar la escala de los proyectos. El Estado debe crear las condiciones para que ese capital encuentre proyectos serios, comunidades involucradas y reglas claras.
La participación de las comunidades será decisiva. Son ellas las que conocen el territorio y las que tendrán que cuidar buena parte de lo que se plantee. Por eso, escuchar deberá ser una regla de trabajo.
El siguiente paso debería ser concreto: identificar las zonas prioritarias, definir metas verificables y establecer cómo se medirá el impacto en agua, producción, empleo e ingresos familiares. También habría que informar periódicamente cuánto se invierte y qué resultados se obtienen.
Sierra Verde puede convertirse así en algo más que el regreso de un programa. Puede ser una oportunidad para demostrar que la protección de los Andes y el desarrollo económico no tienen por qué avanzar por caminos distintos. El reto ahora es pasar del anuncio a las comunidades, de las cifras a los resultados y de la promesa a la ejecución.