Opinión
Esta reforma debe abordar con seriedad, entre otros, el tema de la meritocracia subnacional
Economista. Profesor de la Universidad de Piura
El reto actual es hacer frente a la ineficiencia, la fragmentación política y las desigualdades territoriales; y, por otra parte, el debate involucra revisar qué tipo de competencias se transfirieron y si fueron realmente las más importantes para que las autoridades regionales y locales pudieran realizar –verdaderamente– políticas territoriales en los diferentes sectores.
Uno de los argumentos más frecuentes es que regiones y gobiernos locales son pobres porque reciben pocos recursos del Gobierno nacional. La evolución presupuestal muestra lo contrario. Los recursos destinados a gobiernos regionales y locales han mantenido una tendencia creciente y para 2027 se proyectan aumentos superiores a los del Gobierno nacional. A ello se suman los recursos provenientes del canon minero, gasífero y petrolero.
El reto está en saber y poder convertir esos recursos en resultados. Los gobiernos regionales y locales suelen registrar bajos niveles de ejecución (aunque también las entidades del nivel nacional) y una parte significativa de sus recursos queda sin utilizar. Además, el gasto se dispersa en obras pequeñas, en lugar de concentrarse en servicios básicos y proyectos de mayor impacto.
Uno de los principales problemas de diseño de la descentralización fue asumir que la autonomía política produciría, por sí sola, una administración eficiente, más aún cuando en el Estado peruano los tres niveles de gobierno son ineficientes. Así, se transfirieron responsabilidades sin garantizar que hubiese los equipos técnicos necesarios.
Adicionalmente, la rotación de funcionarios con cada cambio de gestión, las bajas condiciones salariales y la escasez de especialistas han debilitado la continuidad de las políticas. A ello se suman deficiencias en la formulación de proyectos, que pueden terminar en modificaciones, paralizaciones y arbitrajes. El resultado más visible son las numerosas obras inconclusas que permanecen años sin prestar los servicios previstos.
Este proceso fallido también ha reproducido las diferencias entre las regiones con la introducción del canon y regalías hacia los territorios con mayor actividad extractiva, mientras que otros enfrentan mayores restricciones. Pero, disponer de más dinero no garantiza mejores servicios. Hay departamentos con presupuestos elevados que mantienen problemas graves de anemia infantil, saneamiento y en sus servicios básicos.
El actual esquema de descentralización presenta serios problemas de coordinación y vinculación entre los tres niveles de gobierno. Alcaldes provinciales, distritales, gobernadores regionales y autoridades del nivel nacional (organismos desconcentrados) que actúan en el territorio, no siempre planifican de manera conjunta lo que debe realizarse. Esto genera duplicidades, ineficiencias y proyectos sin la escala necesaria. Esta fragmentación favorece prácticas clientelistas y redes de corrupción en la contratación pública. Cuando el control es débil, llega tarde o no llega, se deterioran la confianza ciudadana y la legitimidad del proceso.
Revertir esta situación no significa regresar al centralismo (y esto es lo que se ha hecho en los últimos años con muchas competencias descentralizadas que han sido centralizadas nuevamente), sino reformar profundamente el modelo actual.
Esta reforma debe abordar con seriedad, entre otros, el tema de la meritocracia subnacional para reducir la influencia nefasta de los ciclos políticos sobre la conformación de buenos y estables equipos técnicos. En adición, se debe retomar el vínculo entre planeamiento estratégico y presupuesto, para concretar en proyectos y actividades lo que se ha establecido como prioridades en cada territorio. Existen, evidentemente, más temas que deben ser evaluados y tratados; sin embargo, todos ellos, incluso toda la reforma del proceso de descentralización, deben estar enmarcados en una reforma integral, y total, del Estado peruano, que actualmente es incapaz de proveer servicios públicos de calidad a sus ciudadanos.