Opinión
Especialista en derecho parlamentario
El primer mes bicameral permitió observar que muchas cosas del anterior funcionamiento no han cambiado, otras parecerían estar duplicándose y algunas nuevas han tomado la atención de todos los que nos dedicamos al trabajo parlamentario; como las sesiones plenarias de los 190 congresistas, la doble mesa directiva de cada cámara y, a la vez, la fusión de esta para presidir el Congreso o la aparición de órganos administrativos para cada instancia parlamentaria teniendo, en algunos casos, preeminencia una sobre otra.
También han aparecido las primeras zonas de ajuste. La delimitación de competencias, la adecuación de procedimientos, la coordinación entre órganos y hasta el uso de plataformas propias de un nuevo modelo parlamentario generan, inevitablemente, dudas interpretativas y dificultades iniciales para los congresistas y asesores. Esto no es de sorprender, se entiende que después de más de tres décadas de unicameralidad no se puede construir –o reconstruir– una cultura bicameral en pocas semanas.
Además, conviene evitar afirmaciones dogmáticas que nadie ha afirmado jamás. La literatura especializada no sostiene, de manera indubitable, que el modelo bicameral sea superior al unicameral o viceversa. Su eficacia va a depender del diseño institucional, de la diferenciación real entre cámaras, de la calidad de sus procedimientos y, sobre todo, del éxito en el consenso de la idiosincrasia de sus diferentes miembros en su tarea de representar a los grupos de ciudadanos que hayan o no votado por ellos, esto último extremadamente difícil por lo visto en los últimos 25 años.
Por eso, el verdadero examen recién empieza. El Congreso tiene hoy la inmensa tarea de demostrar que el retorno a la bicameralidad fue una decisión acertada. Ello exige que el Senado no se convierta en una repetición de la Cámara de Diputados, que la doble deliberación no sea simple duplicación y que los nuevos controles se traduzcan en mejores leyes y decisiones más responsables.
Lo decisivo será la capacidad institucional para corregir los errores, generar precedentes parlamentarios coherentes y consolidar procedimientos previsibles.
La reforma ya está escrita. Ahora corresponde demostrar, con resultados, que puede funcionar.