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Ese día, el suboficial se encontraba de franco y prestaba servicio particular como conductor de taxi por aplicativo, por lo que trasladó a dos pasajeros hacia Pamplona Alta. Durante el recorrido, uno de los ocupantes lo golpeó en la cabeza y fue amenazado con armas de fuego. Tras despojarlo de sus pertenencias, ambos sujetos descendieron del vehículo y huyeron en distintas direcciones.
Ante esta situación, Davi Peña se identificó como policía y les ordenó detenerse. En ese momento, según la defensa del suboficial, uno de los sujetos realizó un ademán de apuntarle con un revólver, por lo que el efectivo hizo uso de su arma de fuego.
Los elementos recogidos durante la investigación evidenciaron que ambos asaltantes estaban armados. Junto al cuerpo de Kevin Aaron Castro Ruiz se encontró un revólver calibre .22, mientras que en el vehículo quedó una cacerina para pistola semiautomática calibre 9 mm, abastecida con tres cartuchos, vinculada al segundo sujeto que huyó del lugar. El informe pericial de balística forense examinó ambos elementos como muestras recogidas en la escena.
Inicialmente, las diligencias policiales consideraron al suboficial Peña Zea como agraviado por el presunto delito de robo agravado. Posteriormente, el Ministerio Público formuló acusación por homicidio simple.
En mayo de 2025, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Miraflores absolvió al efectivo policial. No obstante, el 13 de abril de 2026, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos anuló de oficio dicha decisión y dispuso la realización de un nuevo juzgamiento ante otro magistrado.
En este nuevo proceso, la Defensoría del Policía participa como defensa técnica del suboficial. El director general de esta institución, Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz, participó este martes en la audiencia, como parte del acompañamiento que brinda el sector Interior al personal policial que afronta procesos judiciales vinculados con intervenciones realizadas en cumplimiento de su deber.
Durante la audiencia, uno de los abogados de la Defensoría del Policía sostuvo que la actuación del efectivo debe ser analizada a la luz del marco constitucional y legal que regula las funciones de la Policía Nacional del Perú y el uso de la fuerza. Para ello, invocó el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo n.° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, y el Decreto Legislativo n.° 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP.
El Ministerio del Interior, a través de la Defensoría del Policía, asumió el patrocinio legal del S3 PNP Peña Zea desde las etapas preliminares del proceso y mantiene su representación durante el nuevo juicio oral. La institución continuará con las acciones legales que correspondan, en el marco de sus competencias y con respeto a la autonomía del Poder Judicial.
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