Derecho
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
En esta labor conjunta para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 participan las fiscalías de prevención del delito, penales y anticorrupción.
Transparencia
El objeto es salvaguardar la legalidad y transparencia del proceso electoral a fin de garantizar el ejercicio del voto en todo el país.
Esto, sobre la base de la información registrada por el Observatorio de Criminalidad del MP en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022, en las que se registraron 139 personas detenidas en 23 distritos fiscales y 152 incidencias de relevancia penal.
La suplantación de identidad del votante, en aquel entonces, constituyó el principal motivo de detención con 88 casos (63.3%), seguida por la propaganda en horario prohibido (20 casos), la publicidad del sentido del voto (14 casos) y el incumplimiento de la ley seca.
Además, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el hallazgo de cédulas marcadas o rayadas concentró dos de cada tres incidencias registradas (104 casos), mientras que la alteración de material electoral motivó el 41.1% de las detenciones.
Por su parte, los distritos fiscales con mayor número de hechos de relevancia penal fueron Lima Norte (43), Áncash (41), Junín (29), La Libertad (19) y Huancavelica (16).
Durante la segunda vuelta, además, se ejecutaron 20,425 acciones preventivas a escala nacional y se iniciaron 57 investigaciones fiscales por hechos que afectaron la jornada.
Entre los principales delitos a prevenir en estos comicios figuran la compra de votos, la coacción o presión al elector, la suplantación de identidad, la perturbación del proceso electoral, la propaganda indebida y la alteración o destrucción de material electoral.
Misión
El MP, como organismo constitucional autónomo, trabaja por una justicia transparente, moderna y efectiva para alcanzar una sociedad pacífica con inclusión social e igualdad de oportunidades. En esa medida tiene como misión prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; representar a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la recta y efectiva administración de justicia.