Editorial
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
“La inversión privada es el motor natural de esa aceleración, y la cartera disponible ofrece materia prima abundante: 66 proyectos mineros por 64,000 millones de dólares, 89 asociaciones público-privadas y otras”.
La tarea consiste ahora en convertir esa base sólida en un impulso sostenido.Los cimientos están presentes, y conviene reconocerlos.
El déficit fiscal cerraría el año en 1.8% del producto bruto interno (PBI), una cifra inferior a la de vecinos como Chile o Colombia. Esa disciplina no es un fin contable: mantiene bajo el riesgo país, abarata el endeudamiento y sostiene una deuda pública manejable.
Sus beneficios llegan a la vida cotidiana, pues un Estado que se financia con prudencia permite tasas de interés de largo plazo más bajas y, con ellas, créditos hipotecarios más accesibles para las familias. También libera recursos para infraestructura, educación, salud, justicia y seguridad.
La comparación regional alienta. Latin Focus proyecta para 2026-2030 un crecimiento de 2.7% en Colombia, 2.3% en Chile y 1.8% en México; la meta peruana supera con holgura esos registros.
Aun así, el espejo que importa es otro. Con un PBI per cápita cercano a los 17,000 dólares en paridad de poder adquisitivo, el Perú alcanza el 85% del ingreso promedio latinoamericano y apenas 26% del nivel de las economías avanzadas.
Esa distancia describe el camino por recorrer, y acortarla exige velocidad sostenida durante décadas, no un esfuerzo de temporada.
La inversión privada es el motor natural de esa aceleración, y la cartera disponible ofrece materia prima abundante: 66 proyectos mineros por 64,000 millones de dólares, 89 asociaciones público-privadas y proyectos en activos por 34,000 millones, 21 iniciativas de energías renovables por 16,000 millones y 69 proyectos de exploración minera por 757 millones. Son obras y empleos en potencia que esperan permisos ágiles, reglas estables y una gestión pública capaz de ejecutar.
Ahí radica el segundo pilar de la agenda: formalizar empresas y trabajadores, ampliar la inclusión financiera, mejorar el cumplimiento tributario y perfeccionar la gestión de la inversión pública.
Son reformas menos vistosas que una inauguración, pero de ellas depende que cada punto adicional de crecimiento se traduzca en productividad y no se diluya en la informalidad.
Creemos que el desafío excede a un solo gobierno. Por eso resulta oportuno que estas metas se discutan en el Acuerdo Nacional, espacio donde partidos, gremios y sociedad civil pueden fijar prioridades comunes.
Si la estabilidad macroeconómica es la plataforma, el consenso sobre las reformas será el puente. Al Perú le corresponde cruzarlo con paciencia pero también con decisión.