Política
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
“El Perú tiene un déficit de infraestructura en carreteras, puentes y pistas. Tenemos que acelerar, sin descuidar los indicadores macroeconómicos. El Perú es el país que, por lo menos, debe tener el grado de endeudamiento más bajo de la región”, indicó el jefe del gabinete ministerial.
En esa línea, explicó que dicho crédito permitirá dar continuidad a obras paralizadas en todo el país, ampliar la cobertura del programa Pensión 65 e impulsar proyectos emblemáticos, como el Anillo Vial y la Línea 2 del Metro de Lima, además de promover el empleo temporal a través de Llamkasun Perú, entre otras medidas.
Señaló que si el Perú decide salir al mercado a emitir bonos, cuenta con condiciones favorables debido a su buena calificación crediticia, además de líneas de crédito, lo que demuestra que el país dispone de mecanismos financieros para impulsar inversiones y contribuir al cierre de brechas sociales.
Delegación de facultades y lucha contra la inseguridad
De otro lado, el titular de la PCM reafirmó el compromiso del Gobierno de impulsar las reformas necesarias para fortalecer la capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales. Al respecto, afirmó que el pedido de facultades presentado al Congreso es clave para hacer más efectivo el despliegue de las fuerzas del orden en la lucha contra la inseguridad.
“Con el aparato público que se tiene y con los fondos que se disponen no se puede ir a una guerra contra las organizaciones criminales. Se requieren medidas y acciones extraordinarias. Nuestra posición es clara y firme contra la criminalidad y esperamos que a este objetivo se sumen los grupos parlamentarios que también quieren erradicar este flagelo”, afirmó.
Respeto a la democracia
En otro momento, sostuvo que la democracia implica el debate y la coexistencia de posiciones discrepantes. Asimismo, enfatizó que la vocación de diálogo del Gobierno no representa debilidad, sino confianza en que, con el tiempo, el Parlamento comprenderá que puede trabajar de forma conjunta con el Ejecutivo para resolver los problemas de la ciudadanía, sin afectar su labor de fiscalización ni control político.
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