Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
  • VIERNES 2
  • de octubre de 2026

Derecho

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DERECHO

El Peruano te informa: consulta aquí las principales normas legales para hoy, viernes 2 de octubre del 2026


Pataz: prorrogan por 60 días estado de emergencia

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, mediante el Decreto Supremo N.° 137-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

La medida regirá desde el 3 de octubre de 2026 y tiene como finalidad hacer frente al accionar de organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal y otras amenazas calificadas como situaciones de violencia.

Durante este periodo, las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) las apoyará en el cumplimiento de esta función.

La norma dispone, asimismo, la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, conforme al numeral 1 del artículo 137 de la Constitución.

Como parte de las medidas, se prorroga la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, desde las 22:00 hasta las 05:00 horas. Se exceptúa al personal indispensable para garantizar servicios esenciales, como salud, agua, saneamiento, seguridad, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y servicios funerarios.

Las farmacias y boticas podrán atender durante dicho horario. También se permitirá el desplazamiento peatonal o vehicular de personas que requieran atención médica urgente o de emergencia, así como para adquirir medicamentos.

La intervención de las Fuerzas Armadas y de la PNP deberá efectuarse conforme a las normas nacionales sobre empleo y uso de la fuerza y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Además, el Comando Unificado de Pataz (CUPAZ) deberá presentar al Ministerio de Defensa un informe sobre las acciones ejecutadas y sus resultados. El informe final será elevado a la Presidencia de la República y al Congreso.

Durante la prórroga también continuarán vigentes medidas vinculadas con la fiscalización del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a cargo del Ministerio de Energía y Minas.



MINEM inicia proceso de modernización y reorganización institucional

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) fueron declarados en proceso de modernización y reorganización por un plazo de hasta 120 días calendario.

La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-EM, tiene como finalidad evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión de estas entidades y, a partir de ese diagnóstico, proponer acciones de reforma orientadas a fortalecer su funcionamiento institucional y la rectoría del Sector Energía y Minas.

El proceso estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINEM, que deberá efectuar un diagnóstico integral. La evaluación comprenderá, entre otros aspectos, el planeamiento estratégico e institucional, presupuesto, inversiones públicas, gestión por procesos, recursos humanos, integridad pública y articulación funcional con los organismos adscritos.

Los resultados serán recogidos en un informe técnico que deberá presentar las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas a la Alta Dirección del ministerio. Además, a los 60 días calendario de publicado el decreto supremo, dicha oficina deberá presentar un informe de avance sobre los resultados del diagnóstico.

Una vez aprobado el informe técnico, las recomendaciones serán implementadas progresivamente por el MINEM, INGEMMET e IPEN, dentro de sus respectivas competencias y conforme a los Lineamientos de Organización del Estado y demás normas aplicables.

El decreto establece que las acciones serán financiadas con cargo a los presupuestos institucionales del MINEM y de sus organismos públicos adscritos, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Asimismo, las unidades de organización, unidades ejecutoras presupuestales y organismos adscritos deberán proporcionar la información, asistencia técnica y colaboración que solicite la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para elaborar el diagnóstico y las propuestas de reforma.


MIMP reconoce a personas e instituciones por promover derechos de adultos mayores

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) oficializó el Reconocimiento Público “Mayores con historia y protagonistas del futuro” – Edición 2026, destinado a distinguir a personas adultas mayores e instituciones públicas y privadas que destacan por sus acciones de promoción y protección de los derechos de este grupo poblacional.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 000522-2026-MIMP, publicada en el diario oficial El Peruano, en aplicación de la Ley N.° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, y su reglamento.

En la categoría Personas Adultas Mayores, fueron reconocidos María Olimpia Gómez García de De la Cruz, por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores; Rubén Arturo Vilchez Muñoz, por sus aportes artísticos, culturales y de preservación de saberes; María Adhelma Villacorta Sifuentes, por su liderazgo social y compromiso comunitario; y Máximo Alejandro Salvatierra Chuquispuma, por promover una imagen positiva del envejecimiento y las relaciones intergeneracionales.

En la categoría Instituciones Públicas, el reconocimiento corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el ámbito nacional; al Gobierno Regional de Apurímac, en el ámbito regional; y a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en el ámbito local.

Asimismo, en la categoría Instituciones Privadas, fueron distinguidas Peruana de Moldeados S.A.C. (Pamolsa), la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad (AESI) y el Club Canitas Blancas Edad de Oro.

El reconocimiento se sustenta también en el artículo 107 del Reglamento de la Ley N.° 30490, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 024-2021-MIMP, que establece que el MIMP reconoce públicamente a personas adultas mayores e instituciones que destacan por sus actividades a favor de este grupo poblacional.

La resolución dispone, además, su publicación en la sede digital del MIMP el mismo día de su publicación en El Peruano.


Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios en diversas cortes

El Poder Judicial prorrogó, desde el 1 de octubre de 2026, el funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales transitorios en diferentes distritos judiciales del país, mediante la Resolución Administrativa N.° 000105-2026-P-CE-PJ, de la Presidencia del Consejo Ejecutivo.

La medida establece plazos diferenciados. Un grupo de órganos continuará funcionando hasta el 31 de marzo de 2027, entre ellos juzgados especializados en extinción de dominio y órganos penales de Áncash, Apurímac, Cajamarca, Cañete, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima Este, Loreto, Piura, San Martín, Selva Central, Sullana, Tacna y Ucayali.

Asimismo, se prorrogó hasta el 31 de enero de 2027 el funcionamiento del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Zarumilla, en Tumbes. Otros órganos de Ayacucho, Callao, Lima Este, Lima Norte, Puno y Ucayali continuarán hasta el 31 de diciembre de 2026.

La resolución también dispone medidas para optimizar la carga procesal. En Áncash se redistribuirán excepcionalmente 73 expedientes en trámite hacia el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Huaraz. En Piura se trasladarán determinados procesos con audiencias programadas desde junio de 2027 hasta 2028.

Las redistribuciones deberán ejecutarse, según corresponda, en un plazo máximo de diez días hábiles y con los expedientes debidamente actualizados, foliados y acompañados de sus escritos, anexos y cargos de notificación completos.

Además, las cortes superiores deberán supervisar el uso de la Agenda Judicial Electrónica, el Sistema de Notificaciones Electrónicas y el Sistema Integrado Judicial, así como adoptar acciones frente a bajos niveles de productividad e inconsistencias en la información estadística.