Editorial
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
“La lucha contra el crimen organizado tampoco admite respuestas aisladas. Si las organizaciones criminales se coordinan entre países, los Estados tienen que hacer lo mismo. Ahí está el sentido más concreto de renovar este acuerdo con la OEA”.
Ese es, probablemente, el principal valor de este nuevo entendimiento. No se trata solo de renovar un documento, sino de darle continuidad a una cooperación que debe traducirse en capacidades, información compartida y acciones concretas contra organizaciones que operan más allá de las fronteras.
El acuerdo, suscrito por el canciller Carlos Espá y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, plantea cinco áreas de trabajo: seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, delitos ambientales, ciberseguridad y desarrollo de capacidades especializadas. Sobre esa base se establecerán sucesivos Planes de Acción en Seguridad Perú-OEA.
La lista dice bastante sobre el problema que tenemos delante. El narcotráfico sigue siendo una fuente de financiamiento criminal, mientras que la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la extorsión forman parte de redes cada vez más complejas.
A esto se suma un terreno que crece con rapidez: el delito en el espacio digital.
La presidenta Keiko Fujimori lo planteó en septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al advertir que las organizaciones criminales transnacionales tienen capacidad económica y bélica, y no respetan fronteras. También señaló que enfrentarlas de manera aislada termina favoreciéndolas.
Durante mucho tiempo hemos hablado de cooperación internacional como si fuera algo distante, propio de reuniones diplomáticas y documentos que luego quedan archivados, pero, frente al crimen organizado, compartir información, coordinar operaciones y seguir la pista del dinero puede ser tan importante como fortalecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional.
La participación del Perú en el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional apunta en esa misma dirección. La reunión de jefes de Estado y de Gobierno realizada en Nueva York mostró que existe una preocupación común y, sobre todo, la necesidad de actuar de manera coordinada.
Por eso, el valor de la renovación del acuerdo con la OEA estará en lo que ocurra después; en los planes que se ejecuten, en las capacidades que se desarrollen y en la información que pueda convertirse en operaciones eficaces.
La ciudadanía necesita resultados, y para conseguirlos el Perú tendrá que sumar esfuerzos dentro y fuera de sus fronteras.
La lucha contra el crimen organizado tampoco admite respuestas aisladas. Si las organizaciones criminales se coordinan entre países, los Estados tienen que hacer lo mismo. Ahí está el sentido más concreto de renovar este acuerdo con la OEA.