Justicia ambiental: estos son los 10 compromisos que impulsa el Poder Judicial hacia 2030

Desde la Ciudad del Vaticano, Janet Tello Gilardi plantea agenda judicial ambiental y climática a 2030.

06/10/2026 15:44 Desde la Ciudad del Vaticano, la presidenta del Poder Judicial del Perú, Janet Tello Gilardi, planteó una agenda judicial ambiental y climática con horizonte al año 2030, para garantizar la protección de los ecosistemas, el agua, los territorios y los derechos de las poblaciones más vulnerables.

Fue durante el foro “Jueces, litigancia climática y derechos humanos: un diálogo entre jueces latinoamericanos y caribeños con cortes constitucionales, supremas e internacionales del mundo”, al que asisten magistradas, magistrados y académicos internacionales.

“Las juezas y los jueces de nuestra era no podemos permanecer indiferentes ante la degradación acelerada del planeta ni frente al doloroso clamor de las comunidades más vulnerables”, dijo durante la cumbre en la que participan, también, representantes de cortes constitucionales, supremas y tribunales

internacionales.

En ese sentido, sustentó cuatro líneas de trabajo que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades de juezas y jueces, mejora de la gestión judicial con procedimientos más eficientes, accesibles y enfoque de derechos, justicia territorial e intercultural. También el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, así como la cooperación y el intercambio entre sistemas judiciales.

“El horizonte hacia 2030 nos exige audacia, firmeza y coherencia, por lo que con estas líneas de acción, el Poder Judicial del Perú reafirma su determinación inquebrantable de consolidarse como un actor clave en la protección de la casa común”, refirió.

Pacto renovado

En esa línea, anunció que su gestión ha actualizado el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú, documento que fue entregado al papa Francisco durante su visita realizada a nuestro país en 2018.

Esta renovación, explicó, actualiza, fortalece y proyecta el citado pacto a nuevos horizontes, en consideración con nuevos desafíos de carácter complejo como las actividades ilícitas que afectan ecosistemas, territorios y la pérdida acelerada de biodiversidad. Asimismo, la contaminación de fuentes de agua, deforestación, amenazas contra quienes defienden el ambiente, la trata de personas, y, de manera transversal, los efectos cada vez más visibles del cambio climático.

Compromisos

Cabe destacar que el documento actualizado recoge 10 compromisos como garantizar el acceso a la justicia ambiental; fortalecer la especialización, oportunidad e interculturalidad; así como prevenir y responder frente a los delitos ambientales y las actividades ilícitas. También la protección a las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente, así como a los pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad; y el cuidado de los ecosistemas, la biodiversidad y el agua.

Además, figuran compromisos como incorporar de forma progresiva una perspectiva de justicia climática y resiliencia; fortalecer la transparencia y la participación; procurar el cumplimiento efectivo de las decisiones de reparación y restauración; y generar conocimiento, cooperación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Tello Gilardi aclaró que estos compromisos no son meras declaraciones de intención ni palabras abstractas, sino que encuentran su verdadero punto de apoyo en resultados concretos generados en las cortes del Perú y reflejados en una serie de decisiones emblemáticas, así como la incorporación de estándares internacionales.

Casos emblemáticos

Así, destacó que en materia de mitigación y no regresividad ecológica, en el caso de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, el Poder Judicial del Perú proscribió la pesca a gran escala al garantizar que las zonas de uso directo se reserven con prioridad para la pesca artesanal y de subsistencia.

Con respecto a seguridad territorial, ordenó la titulación de los territorios ancestrales indígenas en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Marañón, lo que otorga certeza jurídica a las comunidades como herramienta efectiva para blindar los bosques frente a la degradación.

Mencionó, de otro lado, que en el caso Saweto por el asesinato de cuatro líderes asháninkas, la justicia peruana no solo sancionó el crimen, sino que sentó un precedente claro, que la protección de los defensores ambientales es un componente indisociable de la efectividad de los derechos humanos.

Además, indicó que, en otra sentencia histórica, el Poder Judicial declaró al Río Marañón y sus afluentes como titulares de derechos vinculados a su protección, regeneración y restauración, asimismo que reconoció formalmente el rol de guardianas a las mujeres indígenas kukama junto al Estado.

De igual manera, en el caso de la Laguna de Yarinacocha, refirió que se dictaron medidas cautelares y estructurales de urgencia para desplegar un plan integral de recuperación ambiental en favor de las comunidades ribereñas.

Mientras que, como modelo de justicia restaurativa, Tello Gilardi refirió que, a casi 4,000 metros de altitud, en Alto Catacha, Puno, personas sentenciadas por delitos menores cumplieron sus jornadas de trabajo comunitario participando en la siembra de cerca de 2,000 queñuas en cabeceras de cuenca.

“La experiencia peruana demuestra que la constitución y el derecho internacional no son letra muerta, en cada una de estas sentencias la justicia ambiental en el Perú se consolida como una garantía viva al servicio de las presentes y futuras generaciones”, sostuvo.

De ese modo, la jueza suprema consideró que, a partir de estas sentencias emblemáticas, de los aprendizajes acumulados, y en el marco de la actualización de compromisos asumidos, el Poder Judicial del Perú proyecta su mirada hacia el futuro.

“Por ello, ratificamos nuestro compromiso con una justicia ambiental garantista, convencidos de que el camino que emprendimos desde hace algunos años se proyecta hoy con renovada fuerza e institucionalidad hacia el futuro”, señaló.

Sin embargo, la titular del poder Judicial reconoció que esta tarea supera las capacidades de cualquier sistema judicial en solitario. Por ello, saludó la realización de este espacio de reflexión y diálogo, para promover criterios judiciales comunes a partir de los estándares internacionales de protección.

“Acudimos a este espacio con la convicción de que debemos aprender juntos, aprender de sus valiosas experiencias, enriquecernos con el diálogo jurisprudencial y fortalecer nuestros lazos de cooperación internacional”, puntualizó.