Editorial
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
El comando unificado abre una nueva etapa en la respuesta estatal. Su eficacia dependerá de la coordinación diaria, el uso adecuado de la inteligencia y la continuidad de las operaciones
La estrategia contempla el despliegue de 1,300 efectivos, un grupo especial de élite y un centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército, desde donde se dirigirán las acciones contra las organizaciones criminales. La propuesta busca que las instituciones trabajen de manera coordinada, y no como esfuerzos aislados, frente a un enemigo que se organiza y adapta sus métodos.
Comerciantes, transportistas, pequeños empresarios y familias viven con la amenaza de las extorsiones, los asesinatos y las balaceras. Muchos salen a trabajar con miedo, lo que hace urgente tomar medidas. Esta situación no puede convertirse en parte de la vida cotidiana de los peruanos ni aceptarse como un problema sin solución.
El comando unificado reunirá las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los institutos armados aportarán medios tácticos, inteligencia y personal especializado, mientras que la Policía pondrá a disposición sus unidades de élite y especializadas. La intervención priorizará las zonas con mayor incidencia delictiva y buscará recuperar el control del territorio.
Uno de los puntos centrales será la coordinación de operaciones de inteligencia conjuntas para identificar y desarticular bandas criminales. También se realizarán operativos de búsqueda y captura en todo el país, operaciones especiales y acciones para expulsar a extranjeros que ingresaron al Perú para delinquir, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
La estrategia debe prestar especial atención a las extorsiones y el sicariato. Para enfrentarlos no basta con aumentar la presencia de efectivos en las calles. Se requiere de información oportuna, investigaciones bien dirigidas y capacidad para golpear las redes que financian y organizan estos ataques.
En ese esfuerzo también participarán organismos de inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, Osiptel y las compañías de telecomunicaciones. El control de los penales será otro frente prioritario, con medidas para impedir que los internos continúen dirigiendo sus fechorías desde estos establecimientos.
Además, el anuncio debe traducirse en resultados verificables. La población necesita comprobar que disminuyen las extorsiones, que las bandas pierden capacidad operativa y que los detenidos responden ante la justicia. Para ello, fiscales y jueces deben actuar con celeridad, siempre en el marco de la ley.
El comando unificado abre una nueva etapa en la respuesta estatal. Su eficacia dependerá de la coordinación diaria, el uso adecuado de la inteligencia y la continuidad de las operaciones. La meta es concreta: recuperar la tranquilidad de los ciudadanos y evitar que el crimen organizado siga imponiendo sus reglas.