Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
LUNES 12
de octubre de 2026
Derecho
DERECHO
Contratación pública: laudo arbitral confirma penalidad por mora aplicada a empresa proveedora
La Procuraduría General del Estado logra laudo arbitral favorable al Estado y evita devolución de S/961 400 por penalidad contractual
El Tribunal Arbitral del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú emitió un laudo definitivo que declaró infundadas todas las pretensiones planteadas por la empresa contratista.
El proceso se originó a partir del Contrato N.° 080-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU, cuyo objeto era la adquisición de motobombas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias por inundaciones en escenarios de intensas precipitaciones y probable ocurrencia del fenómeno de El Niño.
La empresa contratista pretendía dejar sin efecto una penalidad por mora aplicada por el PNSU y obtener la devolución de S/961 400, además del pago de intereses legales, así como una declaración de cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales y el pago de las costas y costos del arbitraje.
Luego de analizar el marco jurídico aplicable, las obligaciones asumidas en el contrato y las pruebas presentadas por ambas partes, el Tribunal Arbitral determinó que no se acreditó el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones contractuales por parte de la empresa, ni la existencia de una causa que justificara el retraso en la entrega de los bienes.
En consecuencia, el Tribunal confirmó que la penalidad por mora aplicada por el PNSU se encontraba conforme con la normativa de contrataciones del Estado y con las condiciones establecidas en el contrato.
La Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sostuvo la posición del Estado frente a las pretensiones de la empresa contratista contribuyendo a preservar los recursos públicos y la correcta aplicación de las reglas de contratación pública.
Este resultado reafirma la importancia de la labor de la Procuraduría General del Estado y de las procuradurías públicas, encargadas de ejercer la defensa jurídica de los intereses del Estado en los procesos judiciales, arbitrales y demás mecanismos de solución de controversias.
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